Corte Suprema respalda proyecto sobre “abandono sociosanitario” de adultos mayores, pero advierte falta de recursos y vacíos en su regulación

También cuestionó que no se determine qué tribunal de familia será territorialmente competente y sugirió incorporar esta nueva materia al listado general de competencias de la Ley N°19.968, en lugar de crear una disposición separada.

El informe agregó que la iniciativa parece limitar la intervención judicial a los casos en que existan familiares legalmente obligados, dejando dudas respecto de personas mayores sin familiares, pero con otros responsables de cuidado, y tampoco define qué familiares quedarían comprendidos. Además, advirtió una falta de coherencia, pues la comunicación del establecimiento de salud puede involucrar a familiares o responsables, mientras que la audiencia judicial solo contempla citar a los familiares.

La Corte advirtió que el proyecto regula de manera insuficiente el procedimiento judicial, pues solo contempla una audiencia para adoptar medidas de protección, sin remitir a un procedimiento general o especial ya existente.

Por ello, estimó más adecuado aplicar el procedimiento creado por la Ley N°21.822 para personas mayores en situación de abandono social, que contempla mecanismos más completos, como autorizar judicialmente el traslado desde un establecimiento de salud hacia el domicilio, una residencia o un establecimiento de larga estadía cuando así lo recomiende el médico tratante.

Según el máximo tribunal, esta remisión permitiría resolver vacíos sobre la representación judicial de la persona mayor, los intervinientes, la eventual participación del SENAMA, las medidas cautelares, su seguimiento, las audiencias necesarias y el contenido de la sentencia.

La Corte cuestionó el uso del concepto de “integridad social” como uno de los bienes que deben protegerse, al estimar que se trata de una noción imprecisa y sin una definición clara, lo que podría generar dificultades interpretativas para los tribunales de familia.

La Corte Suprema valoró positivamente la creación del concepto de abandono sociosanitario, al estimar que permite reconocer la situación de personas mayores que permanecen en establecimientos de salud pese a contar con alta médica porque sus redes de apoyo, aunque existen, no cumplen sus deberes de asistencia.

También consideró adecuado entregar competencia a los juzgados de familia para adoptar medidas de protección, aunque estimó preferible utilizar el procedimiento ya contemplado en la Ley N°21.822.

En conclusión, el máximo tribunal respaldó la finalidad del proyecto, pero advirtió problemas de financiamiento, falta de precisión normativa y ausencia de un procedimiento judicial claramente definido, alertando que la iniciativa podría trasladar una política pública a los tribunales sin proporcionarles los recursos necesarios para asumir la nueva carga de trabajo.

Vea Informe Corte Suprema Oficio N°238-2026, PL N°21-2026 y proyecto de ley Boletín N°18.299-35.