TC valida norma que somete a control las armas de fogueo susceptibles de ser transformadas para disparar

Dentro de aquellas que requieren autorización se encuentran las armas que, aun cuando no disparen inicialmente munición convencional, pueden adaptarse o transformarse para hacerlo.

Por ello, la sentencia descartó el argumento de que la ley sancione simplemente la tenencia o el porte del objeto. Lo penalizado, precisó, es poseer o tener esas armas sin las autorizaciones o inscripciones exigidas.

El Tribunal examinó además la historia de la Ley N°21.412, que en 2022 modificó la Ley de Control de Armas e incorporó expresamente dentro del concepto de arma de fuego aquellas susceptibles de adaptación o transformación.

Durante la tramitación legislativa se señaló que numerosas especies no fueron originalmente concebidas para disparar proyectiles, pero pueden ser modificadas con ese objetivo y, en algunos casos, utilizadas en actividades delictivas.

También se tuvo presente el creciente uso de armas de fogueo en asaltos debido a su parecido con armas reales y la posibilidad de que algunos modelos fueran transformados para disparar munición de bajo calibre.

El Tribunal sostuvo que estos antecedentes muestran que el legislador tuvo especialmente en consideración las características de aquellos objetos susceptibles de adaptación o transformación y su utilización con fines delictivos.

Recordó, asimismo, que antes de la reforma de 2022 existían discusiones jurisprudenciales acerca de si la aptitud para efectuar disparos constituía un elemento necesario para considerar un objeto como arma de fuego y que esas controversias debían ser resueltas por los jueces del fondo.

El fallo añadió que ya en 2015 la Ley N°20.813 había incorporado entre las armas prohibidas aquellas de juguete, fogueo, balines, postones o aire comprimido efectivamente adaptadas o transformadas para disparar municiones, modificación que buscó también abordar las llamadas armas hechizas y dispositivos fabricados mediante tecnologías como la impresión 3D.

Para la mayoría, la reforma de 2022 buscó precisamente resolver las dudas interpretativas anteriores y establecer expresamente que también quedan sometidas a control aquellas armas que puedan ser adaptadas o transformadas.

El Tribunal identificó como bien jurídico protegido por esta legislación la seguridad colectiva, entendida como un estado en que las personas puedan desenvolverse sin temor a que resulten afectados bienes como la vida, la integridad física, la salud, la libertad o el patrimonio.

Desde esa perspectiva, sostuvo que la tenencia o porte no autorizado de armas genera al menos una posibilidad mediata de afectación de bienes jurídicos individuales, justificando una protección penal de carácter preventivo.

Al analizar el caso concreto, la sentencia recalcó que el requirente sólo impugnó parte del artículo 2° letra b), pero no el artículo 9°, que es la disposición que establece la sanción penal para quien posea, tenga o porte esas armas sin autorización o inscripción.

El Tribunal concluyó que la aplicación de la norma cuestionada no vulnera los principios de legalidad, taxatividad ni responsabilidad penal personal.

A su juicio, la incorporación de los conceptos de armas susceptibles de “adaptarse” o “transformarse” no introdujo imprecisión, sino que buscó aclarar expresamente las dudas que existían previamente en la doctrina y jurisprudencia penal y someter esos elementos al sistema de autorizaciones previsto por la Ley de Control de Armas.

La mayoría sostuvo que la disposición tiene un contenido claro y persigue una finalidad legítima de prevención de delitos cometidos mediante armas adaptadas o susceptibles de adaptación.

Como antecedente, citó un informe sobre crimen organizado elaborado por el Ministerio Público en 2025, según el cual la disminución progresiva de las incautaciones de armas adaptadas podría relacionarse con la reforma legal de 2022 que permitió controlar administrativa y penalmente las armas adaptables para disparar, especialmente las pistolas de fogueo.

El Tribunal concluyó que el concepto legal de arma comprende válidamente aquellas especies susceptibles de adaptación o transformación para disparar municiones, por lo que quienes las posean deben contar con las autorizaciones o inscripciones correspondientes.

Agregó que para configurar el delito previsto en el artículo 9° deben concurrir todos los elementos y requisitos exigidos por la ley, cuestión cuya determinación corresponde al juez penal que conoce de la causa y no al Tribunal Constitucional.

Con estos fundamentos, la mayoría estimó que la aplicación de la frase impugnada no resulta contraria a la Constitución y rechazó el requerimiento en todas sus partes.

La sentencia contó, sin embargo, con la disidencia del ministro Raúl Mera, quien estuvo por acoger el requerimiento.

El disidente sostuvo que equiparar armas de fuego reales con objetos que no fueron fabricados para disparar y que, en su estado actual, son incapaces de hacerlo puede resultar constitucionalmente admisible para fines meramente administrativos o de control.

A su juicio, el problema aparece cuando esa equiparación tiene consecuencias penales y la posesión de un arma de fogueo no modificada recibe la misma sanción prevista para la tenencia o porte de un arma de fuego real.

El ministro sostuvo que, desde el punto de vista constitucional, la cuestión debe analizarse conforme al principio de proporcionalidad, pues las consecuencias penales deben vincularse con conductas que resulten efectivamente dañinas o, al menos, peligrosas para bienes jurídicos relevantes.

Añadió que la razonabilidad exigida en un Estado democrático supone también proporcionalidad y ausencia de arbitrariedad.

También descartó que el requerimiento perdiera eficacia por no haberse impugnado el artículo 9°. Según la disidencia, el problema constitucional se origina precisamente en la definición de arma de fuego del artículo 2° letra b), a la cual posteriormente se remite la norma penal.

Por ello, bastaría inaplicar la frase relativa a los elementos que puedan adaptarse o transformarse para que el artículo 9° mantuviera sentido respecto de las demás armas reguladas, sin producir los efectos constitucionales cuestionados en la causa concreta.

El voto minoritario consideró que una pistola de fogueo que no ha sido modificada no genera por sí misma un peligro actual para la seguridad pública.

A diferencia de otros supuestos en que el Derecho Penal adelanta la protección hasta actos preparatorios, sostuvo que en este caso se sanciona una situación anterior incluso al surgimiento del peligro, pues el riesgo sólo aparecería si el objeto fuera posteriormente transformado en un arma capaz de disparar proyectiles.

Para el disidente, sostener que el arma de fogueo resulta peligrosa porque puede utilizarse para intimidar tampoco justificaría la regulación, pues lo mismo podría ocurrir con un arma de juguete de apariencia realista.

En consecuencia, estimó que no existe una relación directa entre poseer una pistola de fogueo no modificada y la afectación del bien jurídico seguridad pública, ya que el peligro dependería de un hecho futuro e incierto: su eventual transformación.

En su opinión, convertir esa tenencia en delito supone sancionar fundamentalmente el incumplimiento de una obligación administrativa de autorización, sin que exista todavía una amenaza material para el bien jurídico protegido.

El ministro Mera distinguió además esa situación de la tenencia de partes de armas, armas descargadas o municiones. En estos últimos casos, sostuvo que el legislador puede considerar que arma y munición son elementos complementarios vinculados directamente con su finalidad propia.

Una pistola de fogueo, en cambio, constituye un objeto completo destinado a una finalidad distinta de herir o matar. Para transformarla en un arma real debe alterarse su naturaleza y función original, por lo que su peligrosidad dependería de una hipótesis futura.

Finalmente, la disidencia sostuvo que sancionar con la misma pena la tenencia de un arma de fuego real y la posesión no autorizada de un arma de fogueo susceptible de una eventual transformación vulnera la proporcionalidad y la igualdad ante la ley.

A su juicio, se trata de situaciones materialmente distintas, pues una implica un peligro efectivo para la seguridad pública, mientras la otra corresponde a una infracción formal sin una conexión real, actual y concreta con ese bien jurídico.

Vea sentencia Tribunal Constitucional Rol Nº17.319-26-INA y expediente.