Relator de la ONU insta a la ciudadanía a participar activamente en decisiones sobre desarrollo sostenible

El relator especial sobre el derecho al desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas, Surya Deva, sostuvo que los Estados y demás entidades del sector deben garantizar una intervención activa, libre y significativa de las personas y comunidades en las determinaciones sobre progreso económico, abandonando las consultas meramente simbólicas y compartiendo la facultad de decidir.

Las declaraciones tuvieron lugar en el marco del sexagésimo tercer periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, instancia en la que Surya Deva expuso su informe titulado Participación en el desarrollo: tomarse en serio el derecho al desarrollo, documento que contiene directrices para Estados, instituciones de derechos humanos, banca multilateral, empresas y sociedad civil.

El experto argumentó que este derecho abarca no solo los resultados económicos finales sino los procedimientos seguidos para adoptarlos. De acuerdo con el experto, los esquemas de imposición vertical y los diálogos superficiales han propiciado iniciativas insostenibles y excluyentes, por lo que resulta forzoso facilitar el codiseño de políticas y permitir que las poblaciones fijen sus propias prioridades.

El texto destaca que la involucración comunitaria previene que sectores vulnerables queden marginados, robustece el tejido colectivo, resguarda el equilibrio ecológico y mitiga contingencias operativas. Asimismo, precisa que la intervención ciudadana faculta a los gobiernos y al sector corporativo para evitar vulneraciones de derechos humanos y daños al medio ambiente.

Esta postura recoge los postulados de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de 1986, instrumento que consagra la facultad de toda persona y pueblo de incidir y gozar del progreso social o político, ordenando la creación de estrategias estatales fundadas en la concurrencia activa y plena de la población.

El informe concluye vinculando estas exigencias con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la doctrina académica especializada, la cual sostiene que la efectividad de las metas globales depende de parámetros basados en derechos humanos como la igualdad, la rendición de cuentas y la inclusión directa de los colectivos en los esquemas de gobernanza.

Vea texto del informe.