Tribunal de EE.UU. rechaza venta forzosa de herramientas de Google e impone medidas antimonopolio

Una jueza federal emitió una resolución en la que determinó que Google debe flexibilizar las reglas que controlan sus subastas de publicidad en línea y designar un supervisor interno de cumplimiento antimonopolio. La decisión judicial desestimó la petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que buscaba obligar a la matriz Alphabet a escindir su negocio tecnológico de avisos en internet, pese a que en abril de 2025 se constató la existencia de un monopolio ilícito en este mercado.

La magistrada sostuvo que estas medidas correctivas resultarán suficientes para abrir a la competencia los mercados afectados y evitar que la empresa vuelva a incurrir en conductas anticompetitivas en el sector publicitario. Frente a la orden, Google manifestó su desacuerdo con la declaración de responsabilidad referida a su herramienta Google Ad Manager y confirmó que presentará un recurso de apelación, argumentando además que una desinversión perjudicaría la capacidad de los pequeños negocios para captar clientes en internet.

Por su parte, el fiscal general adjunto calificó la sentencia como una victoria significativa en los esfuerzos ministeriales dirigidos a proteger y restablecer las condiciones del mercado, informando que la entidad evalúa sus alternativas legales. La determinación judicial evitó que la compañía radicada en California deba fragmentar su estructura corporativa, en un contexto de fuerte expansión de sus herramientas de inteligencia artificial frente a competidores directos de la industria como OpenAI y Anthropic.

El pronunciamiento judicial coincide con lo resuelto en septiembre pasado por otro magistrado federal, quien dispuso medidas de apertura en el servicio de búsquedas de Google pero declinó imponer la venta forzosa de su navegador web Chrome. El fallo actual analizó un mercado global cuyo gasto anual en publicidad digital proyecta pasar de 424 mil millones de dólares registrados en 2023 a 605 mil millones el próximo año, actividad comercial que representó cerca del 73% de los ingresos totales de la compañía.

El tribunal rechazó la solicitud del gobierno para forzar la venta de la plataforma AdX, sistema que cobra un 20% a los editores en subastas instantáneas, razonando que el acceso en tiempo real de servidores externos a estas ofertas restablecerá la competencia. No obstante, la jueza acogió que los sitios web no queden forzados a usar AdX al utilizar el servidor de la empresa, prohibiendo las cláusulas comerciales que impedían a los creadores de páginas desvincularse de estas herramientas tecnológicas.

La resolución justificó el nombramiento del veedor en la gravedad de las infracciones, fijando facultades de supervisión menores a las pedidas por la fiscalía y los estados demandantes, y limitando la vigencia de estas obligaciones a un plazo de seis años frente a los 15 demandados. Las partes intervinientes disponen de un término de 14 días para proponer la eliminación de antecedentes confidenciales del texto final y de 30 días para remitir una propuesta definitiva de sentencia con las medidas ordenadas.

Vea texto de la sentencia.