Corte Suprema anula fallo que aumentó indemnización por daño moral sin justificar el monto

Al analizar el aumento del daño moral, la Corte Suprema observó que el tribunal de primera instancia había considerado que la ausencia de un diagnóstico oportuno provocó angustia y temor en la niña y sus padres, además de llevarlos a adoptar medidas concretas, como trasladarla urgentemente a otro centro hospitalario. Sin embargo, la Corte de Antofagasta elevó el monto concedido a cada demandante limitándose a señalar que la suma fijada era reducida conforme al “baremo respectivo” y al mérito de los hechos, argumentación que estimó insuficiente, pues no individualizó dicho baremo ni precisó cuáles antecedentes concretos justificaban el incremento de la reparación.

Una situación distinta advirtió respecto del daño emergente, pues consideró que en este punto la sentencia recurrida sí contenía fundamentos que permitían comprender la decisión adoptada. La Corte de Antofagasta había tenido en cuenta los comprobantes de atenciones médicas, exámenes, procedimientos e intervenciones efectuados a la niña en Santiago y razonó que la falta de un diagnóstico oportuno hizo necesario su traslado a otro centro asistencial, obligando a sus padres a asumir esos costos. De este modo, explicó la relación directa entre la falta de servicio y los desembolsos efectuados, razón por la cual la insuficiencia argumentativa constatada respecto del aumento del daño moral no se presentaba en este rubro.

Finalmente, en relación con los reajustes e intereses, la Corte Suprema advirtió que la sentencia contenía razonamientos contradictorios. Explicó que el fallo había mantenido la orden de reajustar las sumas adeudadas conforme a la variación del IPC entre la ejecutoria de la sentencia y su pago efectivo, pero, al mismo tiempo, sostuvo que no se estaba ante una operación reajustable y mantuvo la aplicación de intereses correspondientes a operaciones no reajustables. Para el máximo Tribunal, esa contradicción privaba a la decisión de fundamentos suficientes para imponer dichos intereses y configuraba también el defecto de motivación denunciado por el recurrente.

En sentencia de reemplazo, el máximo Tribunal compartió la valoración prudencial efectuada en primera instancia respecto del daño moral y mantuvo en $4.000.000.- la suma concedida a cada demandante por ese concepto, mientras que elevó a $12.000.000.- la indemnización por daño emergente, conforme a los fundamentos de la sentencia de segunda instancia que no fueron afectados por la nulidad. Asimismo, dispuso que las cantidades otorgadas fueran reajustadas según la variación del IPC, con intereses corrientes para operaciones reajustables, desde que la sentencia quede ejecutoriada hasta su pago efectivo.

Acordado con el voto en contra del ministro señor Zepeda, quien estuvo por rechazar el recurso de casación en la forma interpuesto por el Fisco. El disidente tuvo presente que el recurrente reprochó a la sentencia de segunda instancia la falta de consideraciones de hecho y de derecho que justificaran el aumento de las indemnizaciones por daño emergente y daño moral, así como la ausencia de fundamentos respecto de los reajustes e intereses. Paralelamente, el Fisco dedujo recurso de casación en el fondo contra el mismo pronunciamiento, dando por reproducidos los antecedentes expuestos en la nulidad formal y solicitando considerar los hechos que estimaba acreditados en la sentencia impugnada.

El ministro observó que ambos recursos fueron planteados conjuntamente, pero sobre presupuestos que estimó incompatibles. Mientras la casación en la forma sostenía que el fallo carecía de la fundamentación necesaria para justificar el aumento de los rubros indemnizatorios y la determinación de los reajustes e intereses, la casación en el fondo denunciaba errores de derecho sobre la base de los hechos asentados en esa misma sentencia. En particular, este último arbitrio cuestionaba la relación causal entre la falta de servicio y determinados gastos comprendidos en el daño emergente, además del régimen de intereses aplicado a las sumas concedidas.

A juicio del disidente, esa forma de interponer los recursos resultaba contradictoria, pues mediante la nulidad formal se afirmaba que faltaban las consideraciones exigidas por el artículo 170 N°4 del Código de Procedimiento Civil, mientras que, simultáneamente, la casación en el fondo pretendía demostrar una errónea aplicación del derecho a partir del sustrato fáctico establecido en el propio fallo. Para el ministro, las consideraciones cuya ausencia se denunciaba mediante el primer arbitrio eran precisamente las que debían servir de base para revisar posteriormente las eventuales infracciones de ley invocadas en el recurso de fondo.

En consecuencia, el ministro Zepeda estimó que la incompatibilidad entre los fundamentos de ambos recursos evidenciaba una defectuosa interposición de los arbitrios, pues no resultaba coherente sostener, por una parte, que la sentencia carecía de la fundamentación necesaria y, por otra, denunciar errores jurídicos construidos sobre los hechos asentados en ella. Por esta razón, concluyó que el recurso carecía de destino y debía ser desestimado.

Vea sentencia Corte Suprema Rol N°51407-2024, de reemplazo, Corte de Antofagasta Rol N°184-2024 (Civil) y del Tercer Juzgado de Letras Civil de Antofagasta Rol N° C-2282-2021.