Corte de Santiago confirma reserva de hojas de trabajo del SII por secreto tributario

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por una empresa de educación internacional en contra de una decisión del Consejo para la Transparencia que confirmó la reserva de determinados antecedentes del Servicio de Impuestos Internos (SII), por encontrarse protegidos por el secreto tributario.

La empresa había solicitado al SII la entrega de siete hojas de trabajo denominadas “Justificación de observaciones en hoja de trabajo por funcionario…”, correspondientes al período comprendido entre marzo y agosto de 2023 y relacionadas con distintas solicitudes de devolución de IVA por exportaciones.

El SII rechazó la entrega de los antecedentes invocando diversas causales de reserva contempladas en la Ley de Transparencia. Entre ellas, sostuvo que la divulgación podía afectar la defensa jurídica del organismo en un proceso pendiente ante un Tribunal Tributario y Aduanero, además de comprometer el interés fiscal y la eficacia de sus labores de fiscalización. También alegó que la documentación se encontraba protegida por el secreto tributario establecido en el Código Tributario.

Posteriormente, el CPLT rechazó el amparo presentado por la solicitante, aunque sobre la base de una fundamentación distinta de la utilizada originalmente por el SII. El Consejo concluyó que los antecedentes estaban comprendidos en el secreto tributario y que, por tanto, concurría la causal de reserva establecida en el artículo 21 N°5 de la Ley N°20.285, en relación con el artículo 35 del Código Tributario. Para ello consideró, entre otros antecedentes, la ampliación de la protección de confidencialidad a los procesos de fiscalización realizada por una modificación legal posterior.

Ante la Corte, la empresa sostuvo que la reserva no resultaba aplicable, pues la información solicitada se refería a solicitudes de devolución de IVA por exportaciones que ya habían sido aprobadas y no a antecedentes comprendidos en las materias protegidas por el secreto tributario. Alegó que las hojas de trabajo no contenían información sobre ingresos, pérdidas, gastos, declaraciones obligatorias o resultados de una fiscalización en los términos establecidos por la legislación tributaria.

También sostuvo que una solicitud de devolución de IVA no constituía, por sí misma, el inicio de un proceso de fiscalización, pues este requeriría una actuación formal del SII destinada a verificar la correcta declaración y pago de los tributos. Agregó que los antecedentes correspondían a solicitudes ya resueltas y que la información concernía principalmente a la propia solicitante, por lo que no podía oponérsele el secreto tributario de la misma manera que a terceros ajenos al procedimiento.

La empresa cuestionó, además, que el CPLT no se hubiera pronunciado sobre la totalidad de las razones invocadas inicialmente por el SII para negar el acceso. Afirmó que los documentos tampoco formaban parte del proceso judicial pendiente relacionado con una resolución administrativa que había rechazado una determinada solicitud de devolución de IVA, por lo que su entrega no afectaría la defensa del organismo ni el interés fiscal.

El CPLT solicitó el rechazo del reclamo y sostuvo que el hecho de que determinada información se encuentre en poder de un órgano público no significa que sea necesariamente pública. Recordó que la Constitución y la Ley de Transparencia contemplan excepciones cuando existe una causal legal de secreto o reserva.

Afirmó que las hojas de trabajo estaban comprendidas en el secreto tributario, pues se vinculaban con procesos de fiscalización realizados por el organismo tributario. Según expuso, su divulgación permitiría conocer criterios, definiciones y estrategias utilizadas por los funcionarios para detectar irregularidades, lo que podría debilitar las labores de control y prevención del incumplimiento tributario.

El SII, por su parte, solicitó también el rechazo del reclamo. Respecto de la causal relativa a la afectación de su defensa jurídica, sostuvo que las hojas de trabajo contenían análisis técnicos y opiniones estratégicas elaboradas por funcionarios fiscalizadores, incluidas apreciaciones preliminares, hipótesis y posiciones que podían diferir de las conclusiones finalmente adoptadas por la autoridad administrativa.

A juicio del organismo, la divulgación de esos antecedentes permitiría que la empresa los utilizara fuera de su contexto para cuestionar la resolución administrativa impugnada judicialmente y debilitar la posición del Fisco en el proceso pendiente.

En cuanto a la afectación de las funciones del órgano, el SII sostuvo que la protección no se limitaba a una fiscalización determinada, sino que comprendía la integridad de su modelo de control tributario. Explicó que las hojas de trabajo reflejaban criterios técnicos, cruces de información y umbrales de riesgo empleados para detectar anomalías en solicitudes de devolución de IVA por exportaciones.

Según el organismo, revelar esa metodología permitiría conocer una suerte de “hoja de ruta” de sus procedimientos de fiscalización y facilitaría que contribuyentes o redes dedicadas a planificaciones tributarias pudieran adaptar su comportamiento para evitar los controles. Añadió que las devoluciones de IVA por exportaciones constituyen un ámbito especialmente sensible, debido a que implican desembolsos de recursos fiscales.

El SII también sostuvo que el hecho de que la información se relacionara con la propia solicitante no le otorgaba un derecho absoluto para acceder a documentos internos elaborados por funcionarios durante las labores de fiscalización. Agregó que la metodología utilizada en 2023 continuaba siendo sustancialmente aplicable, por lo que su divulgación podía afectar fiscalizaciones presentes y futuras y, con ello, la recaudación tributaria.

Respecto del secreto tributario, el organismo señaló que las hojas de trabajo contenían información relativa a, al menos, doce contribuyentes y proveedores vinculados con la solicitante, incluyendo antecedentes sobre operaciones comerciales y declaraciones de débitos y créditos fiscales. Recordó que la legislación tributaria establece deberes de confidencialidad respecto de este tipo de información y contempla sanciones para los funcionarios que la revelen indebidamente.