Corte Suprema valida expulsión de estudiante por agresiones físicas y porte de elemento peligroso

En primera instancia, la Corte de Rancagua acogió el recurso de protección. El tribunal estimó que, si bien la gravedad de los hechos habilitaba al establecimiento para activar sus protocolos disciplinarios, la potestad sancionatoria de los colegios se encuentra limitada por los principios de legalidad, proporcionalidad y debido proceso.

La Corte de Apelaciones observó especialmente que la carta de expulsión, de 30 de marzo de 2026, señalaba que la medida ya había sido adoptada, con efectos inmediatos, por el consejo de profesores y los directivos del establecimiento. Consideró que el hecho de que posteriormente se citara formalmente al estudiante para presentar sus descargos por escrito demostraba que su versión no había sido recabada antes de adoptar la decisión.

Por ello, concluyó que no había existido una instancia previa, real y efectiva de defensa antes de imponer la máxima sanción escolar. Agregó que las actuaciones posteriores destinadas a formalizar el expediente disciplinario no podían subsanar esa deficiencia, porque el debido proceso exige que la audiencia y la posibilidad de defensa sean anteriores a la decisión sancionatoria y no posteriores.

En materia constitucional, el tribunal de alzada estimó que la actuación del establecimiento había sido ilegal, por infringir las reglas educacionales aplicables, y que vulneraba la garantía de igualdad ante la ley, al someter al estudiante a una sanción sin las garantías procedimentales mínimas exigibles en un procedimiento disciplinario escolar.

En consecuencia, dejó sin efecto la expulsión y ordenó retrotraer el procedimiento hasta una etapa que permitiera al estudiante y a su apoderada formular sus descargos y ejercer efectivamente su defensa. Asimismo, dispuso que el establecimiento continuara la tramitación respetando la normativa educacional, su reglamento interno y las garantías del debido proceso. La decisión fue adoptada sin costas.

La Corte Suprema, al conocer la apelación, examinó las normas que regulan la expulsión y cancelación de matrícula, particularmente el artículo 6° letra d) del D.F.L. N° 2 de 1998, modificado por la Ley N° 21.128. Esta disposición permite aplicar dichas medidas frente a las causales previstas en el reglamento interno o ante actos que afecten gravemente la convivencia escolar. La norma establece expresamente que las agresiones físicas que produzcan lesiones y el uso, porte o tenencia de armas o artefactos peligrosos o incendiarios constituyen hechos que afectan gravemente la convivencia escolar.

El máximo tribunal recordó, asimismo, que la legislación exige un procedimiento previo, racional y justo que permita al estudiante y a su apoderado formular descargos y solicitar la reconsideración de la medida ante el Consejo de Profesores. También contempla la posibilidad de que la dirección decrete una suspensión cautelar, sin que esta sea considerada una sanción previa.

Al revisar los antecedentes, la Corte Suprema constató que la conducta del estudiante se encontraba comprendida en los supuestos legales relativos a agresiones físicas y porte de armas o elementos peligrosos que afectan gravemente la convivencia escolar.

Respecto del procedimiento, tuvo presente que el alumno no asistió a clases el día de los hechos ni durante la jornada siguiente, circunstancia que impidió obtener inmediatamente su declaración. Sin embargo, consideró relevante que su apoderada concurriera voluntariamente al establecimiento el día en que se realizó el consejo extraordinario de profesores y fuera entrevistada por el subdirector. En esa oportunidad, reconoció la gravedad de la agresión y la presencia del objeto metálico.

Posteriormente, el 30 de marzo de 2026, la apoderada fue citada nuevamente al establecimiento. Allí se le notificó la resolución de expulsión, se le exhibió el acta del consejo de profesores y se le informó expresamente que disponía de cinco días hábiles para solicitar la reconsideración de la medida, conforme al reglamento interno. La información también le fue reiterada telefónicamente por la secretaría.

La Corte Suprema tuvo presente que la apoderada decidió no presentar la reconsideración ante el establecimiento y optó por recurrir ante la Superintendencia de Educación. Asimismo, consideró que el colegio citó posteriormente al estudiante para complementar sus descargos por escrito, diligencia que finalmente no se concretó por decisión expresa de su apoderada.

A partir de estos antecedentes, el máximo tribunal descartó que la administración del colegio hubiera actuado ilegalmente. Concluyó que el establecimiento obró dentro de sus atribuciones legales frente a hechos objetivos y comprobados.

También descartó la alegación de arbitrariedad. Señaló que la expulsión no respondió a la sola voluntad del colegio, sino que estuvo sustentada en antecedentes fácticos y fundamentos que estimó idóneos para adoptar la medida.

En este sentido, sostuvo que la elección de una sanción disciplinaria dentro de los márgenes establecidos por la normativa y el reglamento interno forma parte de la autonomía de los establecimientos educacionales para desarrollar su proyecto educativo y formativo. Según el fallo, dicho proyecto es conocido y aceptado por la comunidad educativa al momento de matricular a sus estudiantes.

De este modo, la Corte Suprema concluyó que no se configuró una actuación ilegal o arbitraria que vulnerara las garantías constitucionales protegidas mediante el recurso de protección. En consecuencia, revocó la sentencia de la Corte de Rancagua y, en su lugar, rechazó la acción constitucional, manteniendo la validez de la expulsión del estudiante.

Vea sentencia Corte Suprema Rol N°31.878-2026y Corte de Rancagua Rol N°789-2026 (Protección).