No cualquier institución puede formar mediadores familiares, confirma Corte Suprema

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección interpuesto por una empresa de capacitación y su representante en contra de la Subsecretaría de Justicia, que dictó una circular destinada a uniformar los criterios aplicables a las instituciones habilitadas para formar mediadores familiares, al estimar que la medida no es ilegal ni arbitraria, pues responde a la necesidad de resguardar la calidad y especialización de quienes ejercen esta función.

La recurrente alegó que la circular excluyó indebidamente a los Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) de la formación exigida para ingresar al Registro de Mediadores, pese a que el artículo 112 de la Ley N°19.968 permite, a su juicio, que esta sea impartida por cualquier instituto que desarrolle docencia, capacitación o investigación en la materia. Sostuvo que esta interpretación favorece a las instituciones de educación superior, priva a la empresa de una actividad que desarrollaba desde hacía años y vulnera, entre otras garantías, la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo y el derecho a desarrollar una actividad económica.

La Subsecretaría de Justicia solicitó el rechazo del recurso y sostuvo que la circular fue dictada dentro de sus atribuciones con el propósito de uniformar los criterios aplicados para el ingreso al Registro de Mediadores. Explicó que los OTEC no cumplen el estándar exigido para formar mediadores familiares, pues su actividad está orientada a la capacitación laboral, y añadió que la medida no impide a la recurrente continuar impartiendo cursos en otros ámbitos de la mediación y que no existe un derecho indiscutido a que su oferta académica sea aceptada para efectos del registro.

La Corte de Santiago señaló que la controversia debía examinarse a partir del artículo 112 de la Ley N°19.968 y de su reglamento, normas que regulan los requisitos para incorporarse al Registro de Mediadores. Entre ellos se exige acreditar formación especializada en mediación y en materias de familia o infancia, impartida por una universidad o instituto que desarrolle docencia, capacitación o investigación en esas áreas. El reglamento precisa, además, que dicha formación debe comprender, al menos, 180 horas teóricas y 40 horas de práctica efectiva, estableciendo así exigencias específicas para acreditar la preparación de quienes postulan al registro.

A partir de esas disposiciones, sostuvo que la circular en cuestión no modifica la Ley N°19.968 ni su reglamento, ni introduce requisitos distintos de aquellos contemplados por la normativa vigente. A juicio del tribunal, la instrucción busca uniformar el criterio que deben aplicar las Secretarías Regionales Ministeriales de Justicia y Derechos Humanos al determinar qué instituciones reúnen las condiciones necesarias para formar mediadores familiares, con el propósito de resguardar la calidad técnica y la idoneidad de quienes posteriormente soliciten su incorporación al registro.