SUSESO puede rechazar licencias sin ordenar nuevos exámenes si antecedentes clínicos son suficientes para resolver

La Corte también analizó las atribuciones de la SUSESO, contempladas en los artículos 2 letra c) y 3 de la Ley N°16.395, modificada por la Ley N°20.691. Estas disposiciones la reconocen como autoridad técnica encargada del control, supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de las instituciones que los administran, comprendiendo materias médico-sociales, financieras, actuariales, jurídicas y administrativas.

A partir de la resolución impugnada y de los antecedentes clínicos incorporados al proceso, el máximo tribunal concluyó que los organismos recurridos actuaron conforme al marco legal y reglamentario que regula sus facultades fiscalizadoras.

La sentencia consideró que los actos administrativos dejaron constancia de los fundamentos y antecedentes médicos tenidos a la vista para rechazar las licencias, sobre la base del análisis técnico de los antecedentes clínicos del trabajador.

La Corte se pronunció además sobre la ausencia de nuevos peritajes o evaluaciones médicas. Al respecto, acudió al artículo 21 del Decreto Supremo N°3, que permite disponer nuevos exámenes, interconsultas, visitas al domicilio del trabajador o requerimientos de informes al médico tratante para resolver sobre una licencia.

Sin embargo, precisó que la realización de esas diligencias constituye una facultad de la autoridad y no una obligación que deba cumplirse en todos los casos. En consecuencia, si los profesionales médicos estiman que los antecedentes clínicos disponibles resultan suficientes para adoptar una resolución fundada, la decisión de no ordenar nuevos exámenes o diligencias complementarias no implica, por sí sola, una falta de motivación ni convierte el acto administrativo en ilegal o arbitrario.

El fallo también tuvo presente los artículos 24 y 25 del Decreto Supremo N°3, que establecen los plazos para resolver las licencias médicas. La COMPIN o la Unidad de Licencias Médicas debe pronunciarse dentro de siete días hábiles, plazo que puede ampliarse por otros siete días cuando los antecedentes requieran un estudio especial.

La Corte destacó que estos plazos limitan materialmente la posibilidad de disponer indefinidamente nuevos exámenes o peritajes y obligan a la Administración a resolver oportunamente con los antecedentes disponibles. Asimismo, recordó que el incumplimiento de los plazos establecidos por la normativa puede producir el efecto de que la licencia se entienda autorizada por el solo ministerio de la ley.

Sobre esa base, por mayoría la Corte concluyó que no existió una actuación ilegal o arbitraria que justificara la tutela constitucional solicitada.

En consecuencia, en el máximo tribunal revocó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones y, en su lugar, rechazó el recurso de protección, al estimar que la autoridad administrativa actuó dentro de sus facultades legales y conforme a los antecedentes médicos incorporados al procedimiento.

La decisión contó con el voto en contra de la abogada integrante María Angélica Benavides, quien estuvo por confirmar la sentencia apelada y mantener acogida la acción de protección.

La disidente estimó que la actuación del organismo recurrido no se ajustó a la normativa aplicable, pues no especificó suficientemente los fundamentos de su decisión ni dispuso nuevos exámenes o evaluaciones clínicas presenciales que permitieran esclarecer y objetivar el estado actual de salud del paciente.

A su juicio, la ausencia de esas diligencias dejó la negativa al pago de la licencia médica entregada a la mera discrecionalidad de la autoridad administrativa, razón por la cual consideró procedente mantener la tutela otorgada por la Corte de Apelaciones.

Vea sentencia Corte Suprema Rol N°50469-2026 y Corte de La Serena Rol Nº1048-2026.