Clausura de taller mecánico que funcionaba sin patente municipal no es ilegal ni arbitraria, resuelve Corte de Concepción

El recurrente también solicitó que, mientras no existiera una rectificación formal y notificada del decreto, no pudiera ejecutarse materialmente la clausura sobre un inmueble cuya numeración no coincidiera con la consignada en el acto administrativo. Además, pidió impedir la colocación de sellos o candados, el uso de la fuerza pública y cualquier medida destinada a impedir el funcionamiento del establecimiento fundada exclusivamente en el decreto cuestionado.

Para el caso de que la clausura ya se hubiera materializado, solicitó su alzamiento provisional, el retiro de los sellos, candados u otros dispositivos instalados por funcionarios municipales y el restablecimiento del acceso y funcionamiento del taller mientras se tramitaba el recurso, sin perjuicio de las fiscalizaciones sectoriales que legalmente procedieran por otros hechos.

La Municipalidad de Chiguayante solicitó el rechazo del recurso. Alegó que la acción de protección no era la vía idónea, pues existía un procedimiento contencioso-administrativo especial y preferente: el reclamo de ilegalidad municipal regulado en el artículo 151 de la Ley N°18.695.

En cuanto al fondo, sostuvo que el Decreto Alcaldicio era legal y razonable y que había sido dictado conforme a los artículos 23 y 58 del Decreto Ley N°3.063, debido a que en el establecimiento se desarrollaba una actividad lucrativa sin contar con una patente municipal vigente.

El municipio explicó que la clausura se originó en inspecciones efectuadas previamente, específicamente las actas de 29 de abril y 11 de junio de 2026, esta última con citación al Juzgado de Policía Local. Agregó que la dirección consignada en el decreto correspondía a la registrada formalmente en los antecedentes de aseo, avalúo fiscal del Servicio de Impuestos Internos y planos catastrales.

Asimismo, afirmó que cuando se decretó la clausura no existía una solicitud de patente municipal ingresada, pues esta fue presentada recién el 1 de septiembre de 2026. Por ello, sostuvo que las solicitudes de certificados efectuadas ante la Dirección de Obras Municipales no generaban por sí mismas la obligación de conceder una patente provisoria.

El Juzgado de Policía Local de Chiguayante informó, por su parte, que el 17 de junio de 2026 había ingresado una denuncia municipal por funcionamiento sin patente. Posteriormente, el 23 de junio se dictó sentencia condenatoria y se impuso una multa de 2 UTM, que luego de los descargos del denunciado fue rebajada a 1 UTM el 30 de junio. La multa fue pagada el 13 de agosto de 2026.

Al resolver el conflicto, la Corte de Concepción recordó que el recurso de protección es una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de derechos y garantías constitucionales preexistentes frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que los priven, perturben o amenacen.

Precisó que para acoger esta acción debe existir un acto u omisión contrario a la ley o una actuación arbitraria, entendida como aquella carente de una justificación razonable, que afecte alguna de las garantías protegidas constitucionalmente.

El tribunal tuvo presente que el recurrente cuestionaba la clausura pese a encontrarse desarrollando un proceso de regularización, haber obtenido un Certificado de Informaciones Previas, tramitado un certificado de destino y solicitado una patente municipal. También consideró sus alegaciones relativas a la falta de motivación del decreto, el error en la individualización del establecimiento y la falta de análisis respecto de una eventual patente provisoria.

Por otra parte, ponderó que la Municipalidad sostuvo que el decreto se encontraba fundado en los artículos 23 y 58 del Decreto Ley N°3.063, debido al ejercicio de una actividad lucrativa sin patente municipal vigente; que la clausura había sido precedida por inspecciones municipales derivadas al Juzgado de Policía Local; que la dirección utilizada correspondía a registros formales y que, al momento de decretarse la medida, no existía una solicitud de patente ingresada.

Con esos antecedentes, la Corte concluyó que el decreto de clausura no podía ser calificado de ilegal ni arbitrario, pues fue dictado por la autoridad competente y contaba con la debida fundamentación. En consecuencia, estimó que la actuación municipal no tenía entidad suficiente para vulnerar los derechos constitucionales invocados por el recurrente.

Por estas razones, la Corte de Concepción rechazó, sin costas, el recurso de protección interpuesto en contra de la Municipalidad de Chiguayante, manteniéndose la medida de clausura dispuesta respecto del taller mecánico.

Vea sentencia Corte de Concepción Rol N°9421-2026.