Víctima atropellada por camión militar se expuso imprudentemente al daño, resuelve Corte Suprema

La Corte Suprema rechazó un recurso de casación en el fondo interpuesto por la parte demandante en un procedimiento de indemnización de perjuicios por responsabilidad del Estado, iniciado a raíz de la muerte de una persona que fue atropellada por un camión militar durante el estallido social, al concluir que no correspondía modificar lo resuelto por los jueces del fondo, quienes establecieron que la víctima se expuso imprudentemente al daño y redujeron las indemnizaciones otorgadas a sus familiares.

El conflicto se originó el 21 de octubre de 2019, en Talcahuano, cuando la víctima fue atropellada por un camión de la Armada durante el estado de excepción constitucional decretado con ocasión del estallido social. El vehículo, conducido por un funcionario naval que cumplía labores de control del orden público, se desplazó hacia un sitio eriazo ubicado en las inmediaciones de un recinto que estaba siendo saqueado, lugar donde ocurrió el atropello que provocó la muerte de la víctima. Posteriormente, sus familiares demandaron al Fisco de Chile solicitando una indemnización por el daño moral sufrido a raíz de su fallecimiento.

El Segundo Juzgado Civil de Concepción acogió la demanda, al estimar acreditada la falta de servicio por el actuar defectuoso del funcionario que conducía el vehículo militar, quien no adoptó las precauciones necesarias y excedió la velocidad máxima establecida para desplazarse por el terreno en que ocurrió el atropello. No obstante, también acogió la excepción de exposición imprudente al daño, considerando que la víctima se encontraba bajo los efectos de cocaína y marihuana, circunstancia que tuvo en cuenta al fijar las indemnizaciones. En consecuencia, condenó al Fisco a pagar un total de $220.000.000.- por concepto de daño moral a los familiares de la víctima.

Apelado el fallo, la Corte de Concepción lo revocó únicamente en cuanto al monto de las indemnizaciones, manteniendo la responsabilidad del Estado. Razonó que el funcionario incurrió en una falta personal vinculada al servicio público que desempeñaba, pues el atropello ocurrió mientras cumplía labores de control del orden público, pero estimó que la víctima se expuso imprudentemente al daño al encontrarse en la vía pública durante el toque de queda, huir ante la presencia del vehículo militar y transitar bajo la influencia de sustancias estupefacientes. Esta confluencia de culpas justificaba, a juicio del tribunal, reducir en un 50% el monto a reparar, por lo que fijó las indemnizaciones por daño moral en un total de $95.000.000.-.

En contra de esta última decisión, la parte demandante dedujo recurso de casación en el fondo, denunciando la infracción de diversas disposiciones constitucionales y del artículo 24 del Código Civil. Alegó que la reducción de las indemnizaciones desconocía los estándares de reparación integral aplicables a las vulneraciones de derechos humanos atribuidas a agentes del Estado, así como los principios de igualdad ante la ley y no discriminación arbitraria. Asimismo, cuestionó que se atribuyera a la víctima una conducta negligente que justificara aplicar el artículo 2330 del Código Civil, sosteniendo que no existían antecedentes suficientes para ello. Añadió que una correcta interpretación de las normas, conforme a la equidad natural, exigía establecer indemnizaciones mayores e igualitarias, solicitando que se invalidara la sentencia y se condenara al Fisco a pagar $150.000.000.- a cada demandante o la suma que el tribunal determinara.