TCP rechaza impugnación contra término anticipado de contrato por suministro de medicamento

Sin embargo, precisó que esas circunstancias explicaban el retraso en la liberación sanitaria de los lotes, pero no justificaban que el proveedor los declarara disponibles en el sistema de CENABAST cuando sabía que el trámite todavía se encontraba pendiente.

El fallo indicó que la empresa podía abstenerse de ingresar el stock, informar oportunamente el impedimento y presentar una propuesta de solución conforme a las bases. En cambio, declaró una disponibilidad que todavía no existía y generó compromisos de distribución que no estaba en condiciones de satisfacer.

Por ello, el Tribunal concluyó que la demora del Instituto de Salud Pública no configuró caso fortuito o fuerza mayor respecto de la conducta sancionada. Aunque el retraso fue ajeno a la voluntad de la demandante y presentó características extraordinarias, no resultó irresistible en relación con el ingreso de stock, pues esa actuación dependía exclusivamente del proveedor.

La sentencia también desestimó la alegación de falta de motivación. Señaló que la resolución impugnada identificó el medicamento, el pedido de compra, el incumplimiento de las entregas y la causal establecida en las bases, además de resumir los descargos de la empresa y explicar que el producto había sido ingresado como disponible sin encontrarse liberado.

El Tribunal precisó que la autoridad no sostuvo que la aceptación de las bases impidiera invocar, en términos generales, el caso fortuito o fuerza mayor. Lo que concluyó fue que esa defensa no resultaba atendible frente a la obligación específica de ingresar como disponible únicamente un producto liberado y apto para su distribución.

También descartó una infracción al principio de proporcionalidad. Indicó que la conducta no consistió en un simple atraso ni en la sola falta de existencias, sino en informar como disponible un medicamento que todavía no contaba con liberación sanitaria y luego incumplir las distribuciones generadas a partir de esa información.

Agregó que la exactitud del stock informado constituía un presupuesto esencial para que CENABAST programara el abastecimiento de la red pública y asumiera compromisos con los establecimientos requirentes. Por esa razón, las bases calificaban expresamente dicha conducta como incumplimiento grave y contemplaban la facultad de poner término anticipado al contrato.

Respecto del cobro de la garantía, el Tribunal estableció que las bases permitían hacerla efectiva cuando el término anticipado fuera imputable al proveedor. Además, señaló que la interposición del recurso de reposición no suspendía por sí sola los efectos de la resolución y que no constaba que la empresa hubiera solicitado fundadamente esa suspensión.

En consecuencia, concluyó que la resolución fue dictada en ejercicio de una facultad prevista en las bases y en el contrato, se sustentó en una conducta suficientemente acreditada, expresó los fundamentos esenciales de la decisión y aplicó medidas que no resultaban desproporcionadas atendida la naturaleza y gravedad del incumplimiento.

Por estas consideraciones, el Tribunal rechazó la acción de impugnación, sin costas a la demandante por estimar que tuvo motivo plausible para litigar.

Vea sentencia Tribunal de Contratación Pública Rol N°336-2025-A.