Justicia europea avala nueva ley griega sobre hacinamiento carcelario ante denuncia de maltrato

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) declaró inadmisible la demanda de un recluso que cumple una condena de más de once años de prisión. El interno denunció un nivel de hacinamiento severo en su centro de reclusión, donde compartía una celda de 23 metros cuadrados con otras nueve personas. En su queja alegó falta de luz natural, nula ventilación y precarias condiciones sanitarias, acusando a las autoridades de imponer tratos inhumanos y degradantes.

El fallo constituye la primera evaluación del TEDH sobre una modificación legal implementada por Grecia en octubre de 2022. Esta normativa introdujo un mecanismo judicial específico para que los reclusos puedan reclamar de forma directa por las condiciones de su privación de libertad. El demandante utilizó esta nueva vía y, tras un rechazo inicial en 2023, un tribunal local de ejecución de penas acogió parcialmente su segundo recurso al año siguiente.

La justicia griega estableció que las condiciones carcelarias vulneraron la dignidad del afectado y procedió a aplicar medidas directas de reparación. Se ordenó el traslado del recluso a un recinto menos poblado en un plazo de un mes, o alternativamente, a una celda con mayor espacio personal. Además, se redujo su pena a razón de un día de rebaja por cada diez días que permaneció recluido bajo esas deficientes condiciones sanitarias y de hacinamiento.

Pese a la resolución local, el afectado acudió al TEDH argumentando que el recurso de apelación interno era ineficaz para revertir su situación real. Sin embargo, la corte europea desestimó la queja, argumentando que el sistema legal griego demostró tener un carácter tanto preventivo como compensatorio. Tras analizar más de 170 decisiones locales, los magistrados concluyeron que desde 2024 las cortes griegas aplican correctamente los estándares internacionales.

El TEDH determinó que el demandante ya no puede ser considerado víctima, debido a que el propio Estado reconoció formalmente la violación de sus derechos fundamentales. Las medidas adoptadas por la justicia griega constituyeron una reparación suficiente, y se dictaminó que la demora logística en concretar el traslado no mermó la efectividad de la protección. En consecuencia, la demanda general por la falta de un recurso efectivo fue rechazada por carecer de fundamento.

Finalmente, los jueces advirtieron que esta validación del sistema griego podría ser revisada en el futuro si se detectan deficiencias persistentes, consecuencias negativas contra quienes reclaman o retrasos procesales. El fallo subraya que el Estado mantiene intacta su obligación de solucionar las causas estructurales del hacinamiento a nivel nacional. Esto incluye necesariamente la construcción de nuevas instalaciones y la implementación de políticas penales alternativas a la prisión.

Vea sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos.