Batalla legal
Punta Peuco es un Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM): Carla Fernández, la abogada que desafía al Estado por los derechos de los exmilitares
Carla Fernández Montero, abogada penalista dedicada al derecho penitenciario, representó a 134 internos adultos mayores de Punta Peuco —en su mayoría exmilitares condenados por violaciones a los derechos humanos— tras una serie de medidas adoptadas por Gendarmería que, según ella, atentan contra su dignidad, salud y libertad personal. Fernández argumenta que estas acciones, desde limitaciones a las visitas hasta el retiro de refrigeradores médicos, constituyen actos arbitrarios e ilegales.

Por Elke von Loebenstein, Subdirectora Diario Constitucional
Carla Fernández Montero —especialista en derecho penitenciario— irrumpió en la polémica pública al asumir en forma inmediata la defensa de los internos de Punta Peuco mediante un recurso de amparo que representó a 134 reclusos adultos mayores. Su intervención se desató luego de que Gendarmería anunciara la reducción drástica de refrigeradores personales el 19 de junio de 2025, afectando directamente la conservación de insulina, alimentos enterales y otros insumos médicos esenciales. Fernández sostiene que este tipo de decisiones no solo son justificadas por supuesta eficiencia energética, sino que encubren una maniobra política destinada a abrir espacio para reos comunes, en línea con el anuncio presidencial de transformar Punta Peuco en una cárcel ordinaria.
Su defensa jurídica se apoya en jurisprudencia vinculante: la Corte Suprema, en analogía in bonam partem, equiparó establecimientos carcelarios que alojan adultos mayores con ELEAM —los centros de larga estadía del medio libre—, la que fue invocada para respaldar el amparo. Además, ya había obtenido éxitos en otros recursos que obligaron a Gendarmería a implementar atención médica de planta y ambulancia para internos septuagenarios y octogenarios. Fernández fundamenta sus acciones en tratados internacionales de derechos humanos y en la normativa nacional, denunciando actos que —a su juicio— constituyen tratos crueles, inhumanos o degradantes y una vulneración de la dignidad y seguridad personal de personas privadas de libertad.
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