Graves secuelas tras un parto no bastan para acreditar negligencia médica, resuelve Corte Suprema

En ese sentido, destacó que la sentencia impugnada había considerado los parámetros objetivos registrados al nacimiento, el resumen clínico del Hospital Sótero del Río, que incorporaba una hipótesis alternativa sobre el origen de las lesiones, y el informe de auditoría del Hospital Padre Hurtado, relativo a las atenciones proporcionadas a la madre y al recién nacido. Estos antecedentes sustentaron la conclusión de que no se acreditó la falta de servicio alegada, por lo que la ausencia de un pronunciamiento específico sobre los documentos cuestionados no tenía influencia en lo decidido por los sentenciadores ni justificaba la invalidación del fallo.

Respecto del recurso de casación en el fondo, la Corte Suprema abordó las infracciones denunciadas a las normas reguladoras de la prueba, particularmente en relación con la valoración del informe pericial médico acompañado por la demandante. Explicó que el artículo 425 del Código de Procedimiento Civil entrega a los jueces la apreciación de los dictámenes periciales conforme a las reglas de la sana crítica, sin imponerles un valor probatorio determinado. Por consiguiente, dicha disposición no constituye una norma reguladora de la prueba, pues no restringe las facultades de los sentenciadores para determinar el mérito de las conclusiones periciales.

En relación con la prueba documental, señaló que las disposiciones invocadas por la recurrente solo resultan vulneradas cuando se desconoce la naturaleza jurídica de un instrumento o el valor probatorio que la ley le asigna respecto de su otorgamiento y fecha. Sin embargo, advirtió que los jueces de segunda instancia no habían incurrido en tales errores, sino que consideraron insuficientes los documentos acompañados para demostrar los presupuestos de la responsabilidad sanitaria. De esta manera, estimó que los cuestionamientos formulados expresaban una discrepancia con la valoración y el alcance de las pruebas, actividad que corresponde exclusivamente a los tribunales del fondo y que, en esos términos, escapa al control de casación.

Asimismo, descartó que se hubiera alterado la carga de la prueba establecida en el artículo 1698 del Código Civil, pues correspondía a la parte demandante acreditar los presupuestos necesarios para configurar la responsabilidad indemnizatoria del servicio de salud. Añadió que esta exigencia se encuentra expresamente contemplada en el artículo 38 de la Ley N°19.966, conforme al cual el particular debe demostrar que el daño se produjo por una acción u omisión del órgano público mediando falta de servicio. En consecuencia, precisó que no se acreditó la falta de servicio en los términos exigidos por dicha normativa, sin que los sentenciadores hubieran impuesto a la demandante una carga probatoria distinta de la legalmente establecida.

Finalmente, razonó que los hechos fijados por los jueces del fondo resultan inamovibles en sede de casación, salvo que se denuncie y demuestre una infracción efectiva a las leyes reguladoras de la prueba. En este caso, observó que la recurrente construyó su impugnación sobre la premisa de que se encontraban acreditados los elementos de la responsabilidad sanitaria, pese a que la sentencia recurrida había establecido que no se acreditó la falta de servicio alegada. Por ello, sostuvo que el recurso pretendía sustituir las conclusiones fácticas de los sentenciadores por otras favorables a la demandante, sin demostrar una vulneración normativa que habilitara al máximo Tribunal para modificar los hechos asentados en el proceso.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de casación en la forma y rechazó el de fondo, manteniendo la sentencia de la Corte de San Miguel que desestimó íntegramente la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta en contra del servicio de salud.

Vea sentencia Corte Suprema Rol Nº23447-2026, Corte de San Miguel Rol Nº750-2024 y del Primer Juzgado de Letras Civil de Puente Alto Rol N° C-17836-2019.