Corte Suprema descarta simulación en venta de inmueble que habría buscado evitar usufructo alimenticio en favor de hijos

Además, la recurrente denunció la infracción del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, argumentando que no se había otorgado el valor correspondiente a un informe de tasación comercial acompañado durante la segunda instancia.

Según explicó, ese documento no fue objetado por falsedad ni por falta de integridad, por lo que debía considerarse reconocido.

Finalmente, invocó el artículo 348 bis del mismo código, cuestionando que no se hubieran valorado determinados audios del vendedor, los cuales tampoco habrían sido objetados y fueron sometidos a percepción documental.

La parte demandante afirmó que esas grabaciones demostraban que el vendedor seguía considerando el inmueble como propio y que, por lo tanto, nunca tuvo la intención efectiva de desprenderse de él.

Al examinar el recurso, la Corte Suprema advirtió que los argumentos de la recurrente se construían sobre hechos distintos de aquellos establecidos en la sentencia impugnada.

En efecto, los jueces del fondo habían concluido que no se acreditaron los presupuestos necesarios para configurar la simulación alegada.

Para llegar a esa decisión, consideraron que la escritura pública daba cuenta de la celebración del contrato y del pago declarado, y que correspondía a la parte demandante demostrar la existencia del vicio que atribuía a la operación.

También estimaron que los antecedentes disponibles permitían descartar la supuesta falta de capacidad económica de la compradora.

Asimismo, concluyeron que el parentesco entre los contratantes, la proximidad temporal de la compraventa con la demanda de alimentos y los mensajes atribuidos al vendedor resultaban insuficientes para construir presunciones que demostraran la existencia de una operación simulada.

Frente a esas conclusiones, la recurrente insistió en que el precio no había sido realmente pagado, que la compradora carecía de recursos suficientes, que el vendedor nunca quiso transferir efectivamente el inmueble y que el contrato buscaba impedir que la propiedad quedara afecta al usufructo alimenticio solicitado para sus hijos.

La Corte Suprema explicó que los hechos establecidos por los tribunales anteriores no podían modificarse mediante un recurso de casación en el fondo, salvo que se acreditara una infracción de las normas reguladoras de la prueba que justificara alterar esas conclusiones.

En este caso, consideró que la parte demandante no logró demostrar una vulneración de esa naturaleza.

Respecto de los artículos 346 y 348 bis del Código de Procedimiento Civil, el máximo tribunal precisó que esas disposiciones no tienen el carácter de leyes reguladoras de la prueba para los efectos pretendidos por la recurrente.

En cuanto a los artículos 1700 y 1706 del Código Civil, señaló que los jueces del fondo no desconocieron la naturaleza pública o privada de los documentos acompañados ni el valor probatorio que legalmente pudiera corresponderles.

Por ello, concluyó que las alegaciones de la demandante buscaban obtener una nueva valoración de los antecedentes, distinta de la efectuada por los tribunales que conocieron el juicio.

La Corte recordó que esa labor es ajena a la finalidad del recurso de casación en el fondo, cuyo objetivo es corregir errores de derecho y no volver a examinar libremente las pruebas del proceso.

Respecto de las presunciones judiciales, explicó que su valoración depende principalmente de la convicción racional que los jueces forman a partir de los antecedentes disponibles.

En consecuencia, sostuvo que la apreciación de estas presunciones constituye una facultad propia de los tribunales que conocen el fondo de la controversia y, por regla general, no puede ser revisada mediante un recurso de casación en el fondo.

El máximo tribunal también identificó una deficiencia adicional en la formulación del recurso.

Advirtió que la recurrente omitió denunciar adecuadamente la infracción de normas decisivas para resolver la controversia, particularmente los artículos 1444 y 1707 del Código Civil.

Precisó que no basta con mencionar disposiciones legales al desarrollar los argumentos del recurso, sino que es necesario identificar y fundamentar las infracciones de aquellas normas cuya aplicación resulta determinante para resolver el conflicto.

Debido a estas deficiencias, concluyó que los errores de derecho denunciados no constituían fundamentos suficientes para invalidar la sentencia.

Por estas razones, la Corte Suprema rechazó, por manifiesta falta de fundamento, el recurso de casación en el fondo interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de la Corte de Antofagasta.

De esta manera, quedó firme la decisión que desestimó la demanda de nulidad absoluta de la compraventa, al no haberse acreditado que el contrato fuera simulado ni que su verdadera finalidad consistiera en evitar la constitución de un usufructo alimenticio sobre el inmueble.

Vea sentencia Corte Suprema Rol Nº43.227-2026, Corte de Antofagasta Rol Nº1020-2025 (Civil) y del Segundo Juzgado de Letras de Antofagasta Rol NºC-3144-2023.