Corte Suprema confirma multa de 500 UTM a centro de cultivo por irregularidades en la declaración de peces

La Corte Suprema compartió este razonamiento y señaló que la regulación exige informar tanto el comienzo como el término de cada ciclo productivo, precisamente para permitir a la autoridad verificar que las cantidades de recursos cultivados se ajusten a las autorizaciones correspondientes.

En ese sentido, recordó que el artículo 24 del Decreto Supremo N°319 de 2001 obliga a los titulares de concesiones a presentar declaraciones juradas sobre el número de ejemplares efectivamente sembrados y cosechados.

La normativa establece que la declaración de siembra debe presentarse dentro del mes siguiente a su término, mientras que la información sobre la cosecha y el destino de los ejemplares debe entregarse dentro de los 15 días corridos posteriores a su finalización.

Además, contempla la formulación de una denuncia por información falsa cuando la declaración de siembra efectiva no coincide con la resolución que fija la densidad de cultivo autorizada para el período productivo correspondiente.

Sobre esa base, el máximo tribunal concluyó que no correspondía calcular el plazo de prescripción únicamente desde marzo de 2015, como pretendía la empresa, puesto que la información cuestionada comprendía un proceso productivo que se extendió hasta octubre de 2016.

En consecuencia, al haberse presentado la denuncia el 30 de octubre de 2019, no había transcurrido el plazo de tres años previsto en la legislación, por lo que la acción se encontraba vigente.

El segundo cuestionamiento de la empresa se relacionó con el artículo 7 del Decreto Supremo N°129 de 2013, que contempla un margen de tolerancia del 2% en determinadas diferencias de información.

La recurrente sostuvo que la cantidad de peces excedentes denunciada por SERNAPESCA no superaba ese porcentaje y que, por lo tanto, correspondía excluir la aplicación de la sanción.

No obstante, los tribunales de instancia concluyeron que las diferencias acreditadas superaban ampliamente el margen invocado, incluso si este resultaba aplicable al caso.

Asimismo, señalaron que la empresa no había logrado desvirtuar la presunción de veracidad de la denuncia formulada por SERNAPESCA.

Al revisar esta alegación, la Corte Suprema advirtió que la empresa construía su impugnación sobre una cantidad de peces distinta de la establecida en el proceso, buscando modificar los hechos que los jueces habían considerado acreditados.

El máximo tribunal explicó que la determinación de los hechos corresponde a los tribunales de instancia y que estos no pueden ser modificados mediante un recurso de casación en el fondo cuando han sido establecidos respetando las normas que regulan la prueba.

Precisó que, conforme al artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, esa conclusión solo podría revisarse si se denunciara y acreditara una infracción a las reglas aplicables a la valoración probatoria.

Sin embargo, la empresa no alegó una vulneración de las reglas de la sana crítica, sino que se limitó a cuestionar de manera general la suficiencia de los fundamentos utilizados para acoger la denuncia.

Por ello, la Corte Suprema estimó que el recurso no contenía argumentos que permitieran establecer errores en la valoración de la prueba ni en la aplicación de las normas legales que hubieran influido en la decisión.

En definitiva, declaró inadmisible el recurso de casación en la forma y rechazó el de casación en el fondo por manifiesta falta de fundamento, manteniendo la sentencia que confirmó la multa de 500 UTM por las irregularidades detectadas en el centro de cultivo Cáceres.

Vea sentencia Corte Suprema Rol Nº44.586-2026,Corte de Coyhaique Rol Nº9-2026 (Civil) y del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Puerto Aysén Rol NºC-643-2019.