Justicia peruana anula condena por delitos sexuales tras detectar citas falsas creadas con IA en la sentencia

La Corte Superior de Justicia de Lima (Perú) anuló una sentencia que condenaba a un acusado a 14 años de prisión por delitos sexuales contra una menor. El fallo de primera instancia también obligaba al procesado a pagar una reparación civil a favor de la víctima. La defensa apeló la decisión argumentando una indebida valoración de las pruebas y el uso indebido de inteligencia artificial generativa.

La Corte comprobó que el juzgado de origen basó su fallo condenatorio en siete resoluciones de la Corte Suprema que resultaron ser inexistentes o ajenas al caso. Al verificar estas citas, se evidenció que correspondían a procesos civiles, laborales y penales, configurando una grave alucinación procesal algorítmica. Los magistrados determinaron que esto quebró la lógica del razonamiento judicial.

Por este motivo, la Corte estableció que, si bien la inteligencia artificial es una herramienta auxiliar válida para sistematizar información, no puede sustituir la labor de los jueces. Se precisó que delegar a estas tecnologías la fijación de los hechos y el juicio de derecho sin verificar los contenidos constituye una grave falta disciplinaria. Esta omisión afecta el estándar de prueba y el derecho a la presunción de inocencia del procesado.

Además del uso indebido de fallos falsos, la defensa denunció que la sentencia original valoró erróneamente el relato de la víctima y las declaraciones de testigos. También se cuestionó la pericia psicológica oficial, al señalar que la especialista carecía de especialidad forense, utilizando un método inadecuado. Finalmente, se indicó una interpretación equivocada de un video de seguridad del lugar de los hechos.

En consecuencia, la sala de apelaciones declaró fundado en parte el recurso y ordenó la realización de un nuevo juicio oral con un tribunal diferente. Este nuevo proceso deberá iniciarse obligatoriamente en un plazo máximo de 72 horas tras la recepción del expediente. Asimismo, se dispuso levantar la orden de captura que pesaba sobre el procesado y se le exoneró del pago de costas procesales.

Finalmente, se ordenó remitir copias certificadas de la resolución anulada a la autoridad de control disciplinario para evaluar la inconducta funcional de los jueces. El objetivo es determinar las acciones administrativas correspondientes por la abdicación del discernimiento judicial y la falta de control sobre la herramienta tecnológica. La resolución reitera que el uso de estas plataformas exige prudencia y estricta supervisión humana.

Vea sentencia Corte Superior de Justicia de Lima.