Cómo se prueba el cese de la convivencia cuando no hubo escritura pública, por Nicolás Ríos-Montt

Lo que ocurre, entonces, no es que desaparezca la exigencia probatoria, sino que se desplaza. Deja de ser una exigencia de forma —tener o no tener cierto documento— y pasa a ser una exigencia de convicción: convencer al tribunal, con los antecedentes que se aporten, de que la vida en común terminó en una fecha determinada.

Es un estándar distinto, no un estándar menor. Y conviene decirlo así ante el cliente, porque la diferencia entre ambas cosas explica por qué algunas causas prosperan y otras no.

El principio que ordena la materia

A lo anterior se suma el artículo 28 de la Ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia y consagra la libertad de prueba en esa sede: «Todos los hechos que resulten pertinentes para la adecuada resolución del conflicto familiar sometido al conocimiento del juez podrán ser probados por cualquier medio producido en conformidad a la ley».

Leídas en conjunto, ambas normas configuran un régimen distinto del que suele suponerse. La forma documental otorga certeza y evita discusiones, pero no monopoliza la prueba del cese en los casos en que la excepción transitoria resulta aplicable.

Qué se acredita en la práctica

Lo que el tribunal necesita establecer es un hecho material y verificable: que los cónyuges dejaron de hacer vida en común, y desde cuándo.

Los antecedentes que apuntan a domicilios separados son los que mejor construyen esa convicción. Documentación de servicios básicos a nombre de cada cónyuge en direcciones distintas, contratos de arriendo, registros administrativos que consignen domicilios diversos. Su fuerza no está en cada documento aislado sino en tres condiciones que deben darse juntas: que sean concordantes entre sí, que provengan de fuentes independientes de las partes y que cubran el período completo que la ley exige, no solo su inicio o su final.

En los divorcios de común acuerdo, donde ambos cónyuges concurren en el mismo sentido, la exigencia se satisface con mayor facilidad. Conviene recordar, con todo, que la sola declaración coincidente de las partes no basta: el tribunal debe fundar su convicción en antecedentes objetivos.

Una advertencia necesaria

Nada de lo anterior recomienda omitir la formalización. Cuando existe la posibilidad de dejar constancia del cese por alguna de las vías que otorgan fecha cierta, hacerlo elimina toda discusión posterior, acorta la tramitación y ahorra honorarios. Es siempre el camino preferible.

El punto es otro, y es el que suele perderse: quien no formalizó en su momento, y se casó antes del 17 de noviembre de 2004, no ha perdido el plazo ni debe empezar a contarlo de nuevo. Esa creencia, muy difundida, posterga divorcios que podrían estar resueltos y alarga causas que no tenían por qué alargarse.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tiempo de cese se necesita para divorciarse? Al menos un año si el divorcio es de común acuerdo y al menos tres si es unilateral. El divorcio por conducta grave no exige plazo de espera.

¿Sirve solo la escritura pública para probar el cese? Para los matrimonios celebrados desde el 17 de noviembre de 2004 las vías son la escritura pública, el acta ante el oficial del Registro Civil y la copia de una transacción judicialmente aprobada. Para los anteriores a esa fecha esas limitaciones no rigen.

¿Qué pasa si me separé de hecho y nunca firmé nada? Si el matrimonio es anterior al 17 de noviembre de 2004, el cese puede acreditarse por otros medios, siempre que permitan al juez formarse plena convicción sobre la fecha.

¿Basta con que ambos cónyuges lo declaren? No. El tribunal debe fundar su convicción en antecedentes objetivos, no solo en la declaración coincidente de las partes.

¿Qué documentos ayudan a acreditarlo? Los que demuestren domicilios separados de forma concordante y por el período completo: cuentas de servicios básicos a nombre de cada cónyuge en direcciones distintas, contratos de arriendo y registros administrativos.

¿Se puede tramitar sin abogado? No. El artículo 18 de la Ley N° 19.968 exige que en los procedimientos ante los juzgados de familia las partes comparezcan patrocinadas por abogado habilitado, salvo que el juez las exceptúe por motivos fundados.

La discusión sobre el cese de la convivencia rara vez es una discusión sobre los hechos: casi siempre lo es sobre cómo probarlos. Distinguir a qué régimen pertenece cada matrimonio es el primer paso, y es también el que con más frecuencia se omite.

Sobre el autor

Nicolás Ríos-Montt Sanhueza es socio director de Estudio Jurídico Abogaley®. Ha tramitado personalmente más de 1.300 causas judiciales. Tramita causas de derecho de familia desde 2007, con dedicación particular a divorcio y sus efectos patrimoniales (www.abogaley.cl/abogados-especialistas-en-divorcios/). Complementa su ejercicio litigante con estudios de posgrado en psicología infantil y juvenil, y en psicoterapia integradora del trauma, ambos cursados en la Universidad Isabel I de España. El estudio atiende materias de familia, civil e insolvencia en todo Chile, de Arica a Punta Arenas, e informa sobre los requisitos del divorcio unilateral en www.abogaley.cl/abogados-especialistas-en-divorcios/divorcio-unilateral/.