Suprema ordena reintegrar a funcionaria municipal tras establecer que prórroga de su contrata creó derechos que no podían ser revocados unilateralmente

La Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel que había rechazado por extemporáneo el recurso de protección presentado por una funcionaria de la Municipalidad de San Miguel, cuya contrata había sido prorrogada para todo 2025 y posteriormente dejada sin efecto por la nueva administración comunal. El máximo tribunal concluyó que la reclamación presentada ante la Contraloría General de la República interrumpió el plazo para recurrir de protección y que el municipio no podía revocar unilateralmente un nombramiento que ya había generado derechos en favor de la funcionaria.

La recurrente prestaba servicios en la Municipalidad de San Miguel desde 2021, inicialmente a honorarios y posteriormente a contrata. En noviembre de 2024, su nombramiento fue prorrogado por todo 2025. Sin embargo, al mes siguiente, la nueva administración municipal dejó sin efecto esa renovación, junto con la de otros 20 funcionarios.

La afectada reclamó ante la Contraloría, organismo que desestimó su presentación por considerar que se trataba de un asunto litigioso que debía ser resuelto por los tribunales. Posteriormente, interpuso un recurso de protección, alegando que la revocación era ilegal y arbitraria, pues la prórroga de su contrata ya había creado derechos a su favor. También sostuvo que la reclamación administrativa había interrumpido el plazo para acudir a los tribunales y denunció la vulneración de la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo y el derecho de propiedad.

La Municipalidad de San Miguel solicitó rechazar la acción. En primer lugar, alegó que había sido presentada fuera del plazo de 30 días y sostuvo que la reclamación ante la Contraloría no interrumpía dicho término. Respecto del fondo, señaló que el gasto municipal en personal a contrata había alcanzado un 51,74%, superando el límite legal del 40%. Añadió que estos empleos son esencialmente transitorios y que la funcionaria no cumplía los cinco años de antigüedad necesarios para invocar el principio de confianza legítima.

La Corte de San Miguel, por mayoría, rechazó el recurso por extemporáneo. Consideró que la reclamación ante la Contraloría no interrumpió el plazo para ejercer la acción constitucional y determinó que este había vencido el 25 de enero de 2025, mientras que el recurso fue presentado recién el 28 de agosto del mismo año.

A mayor abundamiento, el tribunal se pronunció sobre el fondo y sostuvo que los empleos a contrata son transitorios y que su prórroga no genera derechos adquiridos antes de comenzar el nuevo período. También estimó que la decisión municipal tenía una justificación objetiva, pues el gasto en personal a contrata había superado el límite legal del 40% establecido en la Ley N°18.883.

La sentencia contó con un voto disidente que estuvo por acoger el recurso. El disidente sostuvo que el artículo 54 de la Ley N°19.880 sí resultaba aplicable y que la reclamación administrativa había interrumpido el plazo para acudir a los tribunales, por lo que la acción no era extemporánea.

En cuanto al fondo, estimó que la prórroga de la contrata para todo 2025 constituía un acto administrativo creador de derechos legítimamente adquiridos. Por ello, consideró que su revocación unilateral estaba prohibida por el artículo 61 letra a) de la Ley N°19.880 y constituía una actuación ilegal y discriminatoria contraria a la igualdad ante la ley.

La Corte Suprema revocó la sentencia y acogió el recurso de protección. En primer término, el máximo tribunal analizó si la acción había sido presentada dentro de plazo. Recordó que el artículo 54 de la Ley N°19.880 establece que la presentación de una reclamación ante la Administración interrumpe el plazo para ejercer una acción judicial mientras aquella se encuentra pendiente.