Diario Constitucional

En primer trámite constitucional.

Comisión de Superación de la Pobreza aprobó la idea de eliminar el lenguaje de señas chileno.

La Comisión de Superación de la Pobreza, Planificación y Desarrollo Social de la Cámara de Diputados aprobó- en forma unánime- el proyecto de ley, iniciado por moción, propone derogar el inciso 6° del artículo 1° transitorio de la Ley N° 20.422 sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión social de personas con Discapacidad, el cual dispone…

Por Redacción·08 de mayo de 2012·2 min de lectura
Comisión de Superación de la Pobreza aprobó la idea de eliminar el lenguaje de señas chileno.
Referencial

La Comisión de Superación de la Pobreza, Planificación y Desarrollo Social de la Cámara de Diputados aprobó- en forma unánime- el proyecto de ley, iniciado por moción, propone derogar el inciso 6° del artículo 1° transitorio de la Ley N° 20.422 sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión social de personas con Discapacidad, el cual dispone que «El Estado, en conjunto con la comunidad de personas con discapacidad auditiva, definirá, en un plazo de tres años, el lenguaje de señas chileno», bastando conservar el artículo 26 del precitado cuerpo legal, donde “se reconoce la lengua de señas como medio de comunicación natural de la comunidad sorda».

El presidente de la Comisión, diputado Enrique Accorsi, destacó en que se ha trabajado la iniciativa con la comunidad de discapacidad auditiva, de manera que se permita con toda libertad “definir cuál es la lengua de señas”, con carácter oficial, en tanto predomine la que “se reconoce al mundo de la discapacidad auditiva el derecho a ser informada con una metodología diferente a los oyentes”.

A su turno, la fiscal del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), Elia Puentes, proporcionó un informe confeccionado por ellos, recogiendo la opinión de diversas organizaciones de discapacitados auditivos, quienes adhirieron a la idea de que “no corresponde que el Estado fije una lengua de señas chilena”, pues se utilizan variados dialectos en cada comunidad sorda. Es más, ni siquiera el Ejecutivo estimaría ello conveniente, porque de esa manera se limitaría la posibilidad de la población con discapacidad de acceder a otros lenguajes distintos, más modernos o más fáciles de aprender.

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