Corte de Coyhaique deja sin efecto desvinculación de médico veterinario y ordena a municipio emitir nuevo pronunciamiento

La Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió un recurso de protección presentado contra la Municipalidad de Coyhaique y dejó sin efecto el decreto que puso término anticipado al contrato a honorarios de un médico veterinario, al considerar que la decisión carecía de una fundamentación suficiente.

El recurrente, médico veterinario contratado a honorarios por la Municipalidad de Coyhaique para apoyar labores de Tenencia Responsable de Mascotas, fue desvinculado anticipadamente pese a contar con una evaluación favorable. Cuestionó la medida por falta de fundamentación, ya que el municipio solo invocó la cláusula contractual que permitía terminar el vínculo cuando los servicios dejaran de ser necesarios, sin explicar las razones concretas ni acreditar incumplimientos. Además, señaló que posteriormente se contrató a otra veterinaria para realizar funciones relacionadas con la fiscalización de mascotas. Sostuvo que la decisión vulneró los principios de transparencia, razonabilidad e imparcialidad y las garantías de igualdad ante la ley, debido proceso y derecho de propiedad.

La Municipalidad solicitó rechazar el recurso, argumentando que no existía un derecho indubitado susceptible de protección y que la controversia debía resolverse mediante un juicio contractual. Sostuvo que el contrato permitía expresamente su término anticipado cuando los servicios dejaran de ser necesarios y que, conforme a la Ley N°18.883, quienes trabajan a honorarios se rigen por las condiciones pactadas.

Añadió que la Dirección de Seguridad Pública había solicitado prescindir del recurrente porque sus servicios ya no eran necesarios, sin que fuera necesario acreditar incumplimientos. También señaló que el cargo requería conocimientos específicos sobre la normativa de Tenencia Responsable de Mascotas y que el profesional no los tendría. Finalmente, descartó que la nueva veterinaria constituyera un reemplazo directo, pues asumiría funciones de fiscalización más amplias en diversas materias municipales.

Al resolver, la Corte recordó que el recurso de protección es una acción cautelar destinada a resguardar el legítimo ejercicio de determinadas garantías constitucionales frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios. El punto central, entonces, consistía en determinar si la Municipalidad podía ejercer la cláusula contractual que permitía poner término anticipado al vínculo por innecesariedad de los servicios sin expresar las razones concretas que sustentaban esa decisión.

El tribunal reconoció que la Municipalidad disponía de una facultad contractual para poner término anticipado al contrato, pero precisó que dicha estipulación no podía transformarse en una autorización abierta para actuar conforme a la sola voluntad del órgano municipal. El contrato llevaba apenas tres meses de ejecución y el decreto no explicaba cuáles eran las circunstancias que habían llevado a concluir que los servicios del recurrente habían dejado de ser necesarios.