Corte Suprema confirma sanción a funcionario de la PDI por mantener 167 decretos judiciales pendientes

El Tribunal indicó que la decisión cuestionada fue adoptada por la autoridad competente, dentro de las atribuciones que le reconoce la normativa interna de la PDI, aspecto de legalidad que, además, no había sido controvertido por el recurrente. Sin embargo, aclaró que el reconocimiento de esas potestades no permite a la Administración ejercerlas de manera caprichosa o injustificada, pues los actos de autoridad deben encontrarse suficientemente motivados y dar cuenta de las circunstancias y antecedentes ponderados para adoptar una determinada decisión. La ausencia de esa fundamentación, añadió, puede conducir a establecer que el acto no satisface las exigencias impuestas por el ordenamiento jurídico.

Al examinar concretamente la resolución que rechazó el reclamo administrativo, la Corte estimó que ésta se encontraba debidamente fundada y abordaba las distintas alegaciones planteadas por el funcionario. En particular, señaló que la autorización de días administrativos, feriado legal y permisos sin goce de remuneraciones no lo liberaba del cumplimiento de sus obligaciones durante los períodos en que efectivamente desempeñó sus funciones. Asimismo, consideró que sancionar por incumplir los plazos de decretos judiciales resultaba coherente con la normativa que regula su diligenciamiento, la cual obliga a respetar el plazo fijado y, cuando este sea insuficiente, a solicitar su ampliación antes de que expire, previo conocimiento de la respectiva jefatura.

La Corte también descartó que las evaluaciones favorables obtenidas por el recurrente en determinados factores de desempeño fueran incompatibles con la existencia de los incumplimientos que sustentaron la medida disciplinaria. Indicó que esas apreciaciones positivas no podían invalidar el antecedente objetivo constituido por los decretos vencidos y destacó que, en la evaluación correspondiente a septiembre de 2025, ya se había instado al funcionario a mantenerlos dentro de los plazos reglamentarios. Esa misma evaluación, además, consignaba una valoración de “casi siempre” en factores relacionados con la disciplina y la capacidad funcionaria, lo que daba cuenta de que los retrasos habían sido advertidos con anterioridad.

Finalmente, el Tribunal observó que el recurrente no controvirtió el hecho central que sustentó la medida disciplinaria, esto es, que mantenía 167 decretos judiciales pendientes de diligenciar, sino que intentó justificar esa demora en la carga laboral que afirmaba soportar y sostuvo haber recibido un trato selectivo respecto de otros funcionarios. Sin embargo, la información proporcionada por la institución mostraba que su promedio mensual de decretos era inferior al de otros oficiales y que no correspondía compararlo con agentes policiales que ejercían funciones diferentes. De este modo, la Corte estimó que los antecedentes invocados para sancionar por incumplir los plazos de decretos judiciales no fueron desvirtuados y que tampoco se aportaron elementos suficientes que permitieran establecer la existencia de discriminación respecto de funcionarios que se encontraran en condiciones equivalentes.

En mérito de lo expuesto, la Corte de La Serena rechazó el recurso de protección.

Apelado este fallo, la Corte Suprema lo confirmó.

Vea sentencia Corte Suprema Rol N°5738-2026 y Corte de La Serena Rol N°7-2026 (Protección).