Corte Suprema descarta que organismos de salud estén obligados a solicitar nuevos exámenes antes de rechazar licencias médicas

La Corte Suprema acogió un recurso de apelación y revocó la sentencia que había acogido una acción de protección presentada contra el rechazo de licencias médicas y el pago de los correspondientes subsidios por incapacidad laboral. Concluyó que los organismos recurridos actuaron dentro de sus atribuciones legales y reglamentarias, fundamentaron sus decisiones en antecedentes clínicos y no incurrieron en ilegalidad o arbitrariedad al resolver sin solicitar nuevos exámenes médicos.

La controversia se originó luego de que una persona interpusiera un recurso de protección contra la resolución que confirmó el rechazo de sus licencias médicas, otorgadas por las patologías señaladas en su presentación.

La parte recurrente sostuvo que la decisión era ilegal y arbitraria, por lo que solicitó que se autorizaran las licencias y se dispusiera el pago de los subsidios por incapacidad laboral correspondientes.

La institución recurrida defendió la legalidad de su actuación, argumentando que había ejercido facultades expresamente reconocidas por el ordenamiento jurídico. Asimismo, señaló que la autorización de licencias médicas y el consiguiente pago de subsidios no constituían derechos indiscutidos cuando no se cumplían los requisitos exigidos por la normativa.

La acción fue acogida en primera instancia. Sin embargo, la decisión fue impugnada y el conflicto llegó a conocimiento de la Corte Suprema, que debía determinar si el rechazo de las licencias médicas se encontraba suficientemente fundamentado y si la falta de nuevos exámenes o diligencias complementarias constituía una actuación contraria a derecho.

Al resolver, el máximo tribunal examinó el artículo 16 del Decreto Supremo N°3, que contiene el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y las instituciones de salud previsional.

La disposición establece que los organismos competentes pueden aprobar o rechazar licencias médicas, reducir o ampliar los períodos de reposo solicitados y modificar su carácter total o parcial. En todos estos casos, deben dejar constancia de los fundamentos de su decisión en el formulario correspondiente.

La Corte también consideró las atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), reguladas en la Ley N°16.395, modificada por la Ley N°20.691.

Explicó que dicho organismo tiene competencia para resolver presentaciones, apelaciones y reclamos en materias de seguridad social que no sean litigiosas, además de ejercer funciones de fiscalización sobre las instituciones que administran los respectivos regímenes.

Esta supervisión comprende aspectos médicos, sociales, financieros, actuariales, jurídicos y administrativos, así como la calidad y oportunidad de las prestaciones. Por ello, la Corte destacó que la Superintendencia actúa como un organismo técnico de control dentro del ámbito de sus atribuciones legales.

Sobre esa base, el tribunal concluyó que las instituciones recurridas se ajustaron al marco legal y reglamentario aplicable, pues sus decisiones contenían los fundamentos y antecedentes médicos considerados para rechazar el pago reclamado, en concordancia con la evaluación de los antecedentes clínicos disponibles.