Corte ordena a inmobiliaria ejecutar obras de contención tras deslizamientos de barro que afectaron viviendas en Chiguayante

La Corte de Apelaciones de Concepción acogió un recurso de protección en contra de una inmobiliaria y le ordenó ejecutar de inmediato obras definitivas de estabilización de taludes, contención de laderas y evacuación de aguas lluvias, destinadas a evitar nuevos deslizamientos de barro y sedimentos hacia viviendas y calles de la comuna de Chiguayante. El tribunal concluyó que la falta de medidas adecuadas de seguridad durante la ejecución de un proyecto inmobiliario constituía una actuación ilegal y arbitraria que amenazaba la integridad de los vecinos y afectaba su derecho de propiedad.

La controversia surgió durante la construcción de un proyecto inmobiliario, en el sector Lonco Norte de Chiguayante, donde las faenas de excavación y remoción de tierra eliminaron la vegetación nativa que protegía la ladera, debilitando la estabilidad del terreno y favoreciendo su saturación por las lluvias. Esto provocó deslizamientos de agua, barro y escombros durante julio y agosto de 2026, que afectaron calles y viviendas cercanas, evidenciando la insuficiencia de las medidas de contención y el riesgo persistente para los vecinos.

Entre los antecedentes considerados por la Corte figuraron informes de distintos organismos técnicos que fiscalizaron las condiciones del proyecto y las consecuencias de las obras ejecutadas.

La Dirección de Obras Municipales de Chiguayante constató la eliminación total de la vegetación nativa de la ladera y la insuficiencia de las medidas de contención de la constructora, consistentes en mangas plásticas sin anclaje adecuado, que fallaron durante las lluvias y permitieron el deslizamiento de barro hacia las vías públicas.

El SERVIU del Biobío, mediante el Informe Técnico, advirtió que el muro provisorio y las canaletas instaladas por una empresa eran soluciones improvisadas, sin estudios de suelo, cálculos estructurales o hidráulicos aprobados ni certificación que garantizara su estabilidad ante nuevos temporales, por lo que persistía el riesgo de deslizamientos. También se consideraron antecedentes de SERNAGEOMIN, SENAPRED y CONAF sobre fiscalizaciones, monitoreo de la Alerta Amarilla y sus respectivas competencias.

Al analizar el conflicto, la Corte de Concepción sostuvo que, si bien el desarrollo de proyectos inmobiliarios constituye una actividad legítima, su ejecución debe respetar los derechos de terceros y las exigencias de seguridad que impone el ordenamiento jurídico.

En ese sentido, recordó que el derecho de propiedad no es absoluto, pues se encuentra sujeto a las limitaciones derivadas de su función social, entre ellas la obligación de ejercerlo sin provocar daños o riesgos indebidos a las personas y propiedades vecinas.

La Corte consideró que mantener faenas de construcción en una pendiente pronunciada, después de eliminar su cobertura vegetal nativa y sin implementar obras definitivas y técnicamente adecuadas de estabilización y contención, constituía una falta de diligencia que no podía justificarse por el ejercicio del derecho a desarrollar una actividad inmobiliaria.