Corte Suprema ordena a Isapre Cruz Blanca igualar cobertura de salud mental con prestaciones físicas

La Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago y acogió un recurso de protección presentado por una afiliada de Isapre Cruz Blanca S.A. y ordenó equiparar la cobertura de las prestaciones de salud mental con aquella establecida para las prestaciones de salud física.

La sentencia dictada por el máximo tribunal estableció que la Ley Nº21.331 y la Circular IF/Nº396 de la Superintendencia de Salud también resultan aplicables a los planes contratados antes de la entrada en vigencia de dichas normas, siempre que continúen vigentes y produciendo efectos.

La controversia se originó en un plan de salud contratado antes de marzo de 2022, que contemplaba una cobertura inferior para las prestaciones de salud mental respecto de las correspondientes a salud física. La afiliada sostuvo que esta diferencia le significaba mayores copagos al acceder a atenciones psicológicas, neurológicas o psiquiátricas, mientras que los planes comercializados desde la entrada en vigencia de la Circular IF/Nº396 contemplaban mejores condiciones.

A su juicio, mantener estas diferencias en los planes antiguos constituía una discriminación arbitraria y vulneraba la integridad psíquica, la igualdad ante la ley, el derecho a elegir el sistema de salud y el derecho de propiedad. Por ello, solicitó que la isapre aplicara a su contrato la Ley Nº21.331 y la Circular IF/Nº396, equiparando las coberturas de salud mental con las de salud física, sin exigirle cambiar de plan.

La discusión se centró en determinar si las nuevas reglas sobre cobertura de salud mental alcanzan únicamente a los contratos celebrados después de su entrada en vigencia o también a aquellos suscritos con anterioridad que continúan vigentes. Asimismo, debía establecerse si la permanencia de cláusulas con coberturas inferiores podía ser revisada mediante un recurso de protección, aun cuando no se hubiera denunciado el rechazo o reembolso insuficiente de una prestación específica.

La recurrente argumentó que el contrato de salud no constituye un seguro privado sujeto exclusivamente a la autonomía de la voluntad, sino una relación jurídica vinculada con los derechos a la protección de la salud y la seguridad social, por lo que está sometida a normas de orden público. Agregó que, al tratarse de un contrato de tracto sucesivo, sus efectos se prolongan en el tiempo mediante el pago mensual de la cotización y el otorgamiento de las coberturas, de modo que las modificaciones legales y administrativas deben regir in actum respecto de sus efectos actuales.

Isapre Cruz Blanca solicitó rechazar el recurso, sosteniendo que la Circular IF/Nº396 solo resulta aplicable a los planes comercializados después de su entrada en vigencia. Señaló que el contrato de la afiliada fue celebrado antes de marzo de 2022 y que la expresión “comercializar” alude a la venta o contratación inicial del plan.

La institución afirmó que se limitó a aplicar un contrato celebrado conforme a la normativa vigente en ese momento y que la Ley Nº21.331 no estableció expresamente un efecto retroactivo. Añadió que las isapres solo pueden modificar los contratos en los casos y bajo los requisitos establecidos por la ley.