Corte Suprema revoca fallo que había dejado sin efecto procedimiento de Tesorería para cobrar deuda del CAE

En contra de esa decisión se interpuso un recurso de apelación ante la Corte Suprema, solicitando que se revocara la sentencia y se rechazara íntegramente la acción constitucional, manteniendo la validez y procedencia de las actuaciones de cobranza ejecutiva realizadas por la TGR.

Al resolver la apelación, el máximo tribunal centró su análisis en la naturaleza y alcance de la acción de protección regulada en el artículo 20 de la Constitución.

Recordó que se trata de una acción esencialmente sumaria y cautelar, destinada a amparar, restablecer o resguardar el legítimo ejercicio de derechos y garantías preexistentes frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que provoquen su privación, perturbación o amenaza.

Precisó que esta vía constitucional busca otorgar protección inmediata frente a ilegalidades o arbitrariedades manifiestas que afecten derechos indubitados, por lo que no está concebida para declarar, constituir o resolver derechos controvertidos ni para dilucidar conflictos jurídicos complejos que requieran una discusión y etapa probatoria propias de un procedimiento de lato conocimiento.

Al examinar el caso, la Corte constató que los actos reclamados correspondían a procedimientos de cobro ejecutivo iniciados por la TGR en ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos 171 y 173 del Código Tributario, vinculados con una deuda originada en el financiamiento de estudios superiores bajo el régimen establecido por la Ley N°20.027.

Para el máximo tribunal, la pretensión del recurrente no se limitaba a solicitar protección frente a una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta, sino que exigía resolver cuestiones de fondo relativas a la naturaleza jurídica de la obligación correspondiente al Crédito con Garantía Estatal, la procedencia del procedimiento ejecutivo empleado para cobrarla y la competencia de los órganos llamados a intervenir en esa cobranza.

La Corte estimó que esas materias no podían resolverse mediante el recurso de protección, pues requerían determinar derechos y cuestiones jurídicas controvertidas a través de un procedimiento que permitiera a las partes desarrollar la discusión y rendir la prueba correspondiente.

En consecuencia, concluyó que no existía un derecho indubitado susceptible de protección inmediata mediante esta acción constitucional y que resolver las pretensiones planteadas excedería los límites y la finalidad de la tutela urgente prevista en el artículo 20 de la Constitución.

Sobre la base de esas consideraciones, la Corte Suprema revocó la sentencia dictada por la Corte de Arica y desestimó el recurso de protección interpuesto contra la TGR, al estimar que las cuestiones planteadas respecto de la naturaleza de la deuda, el procedimiento empleado para su cobro y la competencia para conocer de esa materia no podían ser resueltas mediante esta vía cautelar.

Vea sentencia Corte Suprema Rol Nº33.986-2026 y Corte de Arica Nº299-2026 (Protección).