Corte Suprema revoca fallo que ordenó a DIPRECA devolver descuentos efectuados a funcionaria por deuda médica

También descartó la improcedencia alegada por la Mutualidad de Carabineros. El tribunal estimó que la existencia de otras vías judiciales no impedía ejercer el recurso de protección cuando se denunciaba una vulneración de garantías fundamentales amparadas por el artículo 20 de la Constitución.

En cuanto al fondo, tuvo por acreditado que la intervención médica se realizó el 17 de enero de 2023 y que la factura correspondiente ascendía a $2.220.557. De esa suma, $1.110.278 correspondían al aporte de DIPRECA, $111.028 al copago de la beneficiaria y el saldo debía ser cubierto por el seguro complementario de salud.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones constató que DIPRECA recién liquidó la factura el 1 de octubre de 2024 y solicitó entonces el reembolso al seguro, aproximadamente 14 meses después de que venciera el plazo máximo de 180 días, que expiraba el 27 de agosto de 2023.

Además, advirtió que la solicitud se presentó ante Help Seguros de Vida, compañía cuya cobertura comenzó en marzo de 2023, es decir, con posterioridad a la intervención médica que dio origen a la deuda.

Sobre esa base, el tribunal de alzada concluyó que DIPRECA había actuado ilegalmente al no gestionar oportunamente el reembolso ante la compañía de seguros que correspondía de acuerdo con la cobertura vigente al momento de la prestación médica. Estimó que la institución trasladó a la funcionaria las consecuencias de su propia gestión tardía y errónea del cobro, haciendo recaer sobre ella una deuda que se produjo por esas circunstancias.

La Corte consideró que los descuentos eran ilegales y arbitrarios y que afectaban el derecho de propiedad de la recurrente sobre sus remuneraciones. Por ello, acogió el recurso de protección y ordenó a DIPRECA cesar los descuentos futuros relacionados con la prestación médica y reintegrar todas las sumas que ya habían sido descontadas por ese concepto.

La controversia llegó posteriormente a la Corte Suprema, que arribó a una conclusión distinta respecto de la procedencia de la acción constitucional.

El máximo tribunal consideró que resolver la pretensión de la recurrente exigía determinar la existencia y procedencia del derecho que invocaba mediante la interpretación y aplicación de las normas reglamentarias que regulan el otorgamiento, las limitaciones y las modalidades de las prestaciones médicas y hospitalarias de DIPRECA.

La Corte recordó que el recurso de protección es una acción cautelar destinada a otorgar tutela urgente frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que afecten derechos preexistentes e indubitados.

En ese sentido, precisó que esta vía constitucional no está destinada a declarar derechos controvertidos ni constituye el procedimiento idóneo para resolver conflictos cuya solución exige interpretar y aplicar la normativa que regula determinados beneficios y prestaciones médicas.

Por ello, la Corte Suprema estimó que la controversia planteada excedía el ámbito propio del recurso de protección, pues para resolverla era necesario determinar previamente la existencia y procedencia del derecho reclamado por la funcionaria a partir de las normas reglamentarias aplicables al sistema de prestaciones de DIPRECA.

En consecuencia, el máximo tribunal revocó la sentencia dictada por la Corte de Concepción y, en su lugar, rechazó el recurso de protección interpuesto por la funcionaria contra DIPRECA.

De este modo, el máximo tribunal no resolvió mediante esta vía cautelar a quién correspondía asumir definitivamente el monto asociado a las prestaciones médicas, sino que concluyó que esa controversia requería determinar derechos discutidos mediante la interpretación de la normativa aplicable, cuestión que excedía los límites del recurso de protección.

Vea sentencia Corte Suprema Rol N°34.002-2026 y Corte de Concepción Rol Nº6342-2026.