Rechazo de regularización migratoria fundada en condenas penales en país de origen, se ajusta a derecho

La Corte Suprema confirmó la sentencia dictada por la Corte de Antofagasta, que rechazó el recurso de protección interpuesto por un ciudadano colombiano, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por el rechazo de su petición de regularización migratoria.

El recurrente alegó que la decisión es ilegal y arbitraria, ya que no se le permitió aportar documentación aclaratoria, como exige el artículo 31 de la Ley N°19.880, y que no se consideró su certificado de antecedentes penales actualizado —que no registra condenas— ni su arraigo familiar y laboral en Chile. Sostuvo que ha cumplido con todos los requisitos del proceso y que la resolución vulnera su derecho a la igualdad ante la ley, por lo que solicitó que se deje sin efecto el acto recurrido y se continúe con su postulación conforme a derecho.

El Servicio solicitó el rechazo del recurso, argumentando que la decisión de rechazar la solicitud se ajusta a derecho, pues el actor no cumple con los requisitos del artículo 8° transitorio de la Ley N°21.325, que exige no tener antecedentes penales en Chile ni en el extranjero. Señaló que el recurrente registra condenas en Colombia por tráfico de estupefacientes en 2003 y 2007, lo que fue informado por el Consulado colombiano. En virtud de ello, se dictó la resolución impugnada y se ordenó su salida del país, conforme a la normativa vigente.