Recurso de protección rechazado por la Corte Suprema.
Resolución administrativa que concede la posesión efectiva de la herencia que se encuentra inscrita solo puede modificarse por una resolución judicial y no es una materia que pueda ser resuelta en sede de una acción de protección.
El inciso final del artículo 8 de la Ley N° 19.903, dispone: “Una vez inscrita, la resolución que se pronuncie sobre la solicitud no podrá ser modificada, sino en virtud de resolución judicial y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 9 y 10. El artículo 9 regula las adiciones, supresiones o modificaciones que se hagan al inventario, y el artículo 10, la corrección por el Servicio -de oficio o a petición de parte- de los errores manifiestos que presenten las resoluciones e inscripciones o las solicitudes en relación con los datos de la individualización del causante y sus herederos”.

La Corte Suprema revocó la sentencia dictada por la Corte de Coyhaique que acogió el recurso de protección interpuesto en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, que desestimó una solicitud de rectificación de posesión efectiva intestada de los bienes quedados al fallecimiento del abuelo de la recurrente.
La actora sostuvo que la petición fue rechazada bajo el argumento de que una vez inscrita la resolución que concede la posesión efectiva, solo puede modificarse por resolución judicial. Por ello, estima que la resolución es ilegal y arbitraria, ya que se trata de la corrección de un error manifiesto por la omisión de un heredero, lo que puede corregirse conforme al artículo 10 de la Ley N° 19.903, decisión que vulnera las garantías constitucionales que cita.
La Corte de Coyhaique acogió la acción cautelar, al considerar que el recurrido cometió un error al calificar como una cuestión sustantiva la rectificación solicitada por la recurrente, consistente en incluir a su padre como heredero en la posesión efectiva de los bienes dejados por su abuelo. Razona que tal rectificación corresponde a una corrección de forma, conforme al artículo 10 de la Ley N° 19.903, que permite subsanar errores manifiestos, como la omisión de un heredero. Además, sostuvo que la omisión en la inscripción fue subsanada al rectificar la partida de nacimiento del padre de la recurrente, lo que habilita al Servicio a corregir la resolución sin necesidad de intervención judicial. Concluyó que la decisión del Servicio es ilegal y arbitraria, y que afecta el derecho a la igualdad ante la ley y de propiedad de la recurrente.
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