Suprema revoca fallo que ordenó a BCI reabrir cuentas corrientes: banco las restituyó durante la tramitación del recurso

La Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que había acogido un recurso de protección interpuesto contra el Banco de Crédito e Inversiones (BCI) por el cierre unilateral de las cuentas corrientes de una persona natural y de una sociedad en la que esta se desempeñaba como socio y gerente. El máximo tribunal rechazó la acción al constatar que, durante su tramitación, las cuentas y sus respectivas líneas de sobregiro fueron reabiertas, por lo que la controversia perdió oportunidad y ya no existía una medida urgente que adoptar mediante esta vía cautelar.

La acción se originó luego de que los recurrentes, quienes mantenían una relación bancaria con la institución desde junio de 2022 sin registrar morosidades ni incumplimientos, fueran informados mediante correos electrónicos de 18 y 19 de noviembre de 2025 del término anticipado de sus cuentas. Inicialmente, el banco justificó la decisión en la existencia de “cambios objetivos en la condición económica, financiera o de mercado”.

Los afectados consideraron que esa explicación era genérica y no identificaba circunstancias concretas que permitieran comprender las razones del cierre. Añadieron que, después de presentar un reclamo ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el banco entregó un fundamento diferente, señalando que la medida obedecía a determinadas expresiones del recurrente que se habrían “apartado del debido respeto” exigido en el marco de la relación comercial.

A juicio de los recurrentes, este cambio demostraba la falta de motivación y arbitrariedad de la decisión. También sostuvieron que el cierre les ocasionó perjuicios económicos, al privarlos de sus medios de pago y obligarlos a prepagar líneas de crédito que se encontraban vigentes.

Por estos hechos interpusieron un recurso de protección, alegando la vulneración de las garantías contempladas en el artículo 19 N°2, N°3 y N°24 de la Constitución, en relación con su artículo 20. Solicitaron dejar sin efecto el cierre y ordenar la reapertura de las cuentas corrientes y de todos sus productos asociados.

El Banco pidió rechazar la acción. Sostuvo que había actuado en ejercicio de una facultad contractual y de conformidad con las obligaciones que le impone la Ley N°19.913 y la normativa sobre prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

La entidad explicó que los contratos de cuenta corriente tienen carácter intuito personae y se sustentan en una relación de confianza, por lo que se encuentra facultada para evaluar permanentemente la continuidad del vínculo comercial.

Asimismo, señaló que el término de los productos estaba relacionado con denuncias formuladas por una ejecutiva de cuentas respecto de reiterados malos tratos por parte del recurrente. Añadió que, durante una reunión posterior, este habría reconocido su comportamiento y ofrecido disculpas.

El banco sostuvo, además, que existían hechos controvertidos que requerían prueba y que el recurso de protección no constituía la vía idónea para resolver una controversia contractual de esa naturaleza.