Diario Constitucional

Recurso de amparo acogido.

Víctor Llanquileo deberá regresar al CET de Cañete atendida las contradicciones y falta de fundamento en la resolución que ordenó su traslado dictada por Gendarmería, resuelve la Corte Suprema.

El control de razonabilidad del traslado importa que el acto administrativo en que se funda debe basarse en motivos que deben explicitarse mediante una relación circunstanciada de los fundamentos de la decisión de manera que se acredite la racionalidad intrínseca.

Por Redacción·07 de noviembre de 2022·3 min de lectura
Víctor Llanquileo deberá regresar al CET de Cañete atendida las contradicciones y falta de fundamento en la resolución que ordenó su traslado dictada por Gendarmería, resuelve la Corte Suprema.
Referencial

La Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Concepción que rechazó el recurso de amparo interpuesto por Víctor Llanquileo en contra de Gendarmería por haberlo trasladado desde el CET de Cañete al CDP de Arauco, con ocasión de haber amenazado a un funcionario bajo estado de ebriedad.

Para desestimar la impugnación, la Corte de Concepción tuvo presente que la decisión de Gendarmería estuvo debidamente fundada para trasladar al condenado y que no transgrede ni violenta su origen étnico, porque el Centro de Detención Preventiva de Arauco actualmente tiene un régimen diferenciado del resto de la población penal, acorde al Convenio 169 de la OIT y a las reglas de Mandela, por lo que no se verá afectado su arraigo ni vinculación con la tierra y el medio exterior, puesto que, además, previamente a su ingreso al Centro de Trabajo y Educación de Cañete, permaneció en la unidad penal a la que fue trasladado.

En contra de dicha resolución, el comunero mapuche dedujo recurso de apelación, en el que alegó que las imputaciones realizadas en la resolución que dio lugar a su traslado no fueron acreditadas, ya que hasta la fecha el Juzgado de Garantía de Cañete no ha resuelto ninguna sanción y, el traslado conforme al artículo 81 del Reglamento Penitenciario no es una sanción, sino que una medida administrativa que deberá considerar la reinserción social y arraigo, cuyos requisitos no fueron atendidos por Gendarmería.

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