Estados Unidos
Amazon y Uber demandan a Nueva York por nueva regulación laboral para repartidores
Las empresas Amazon, Uber e Instacart presentaron una acción judicial conjunta ante un tribunal federal de Manhattan contra la ciudad de Nueva York. La controversia gira en torno a una normativa local que prohíbe dar de baja a los repartidores que operan en sus plataformas sin entregar un aviso…
Las empresas Amazon, Uber e Instacart presentaron una acción judicial conjunta ante un tribunal federal de Manhattan contra la ciudad de Nueva York. La controversia gira en torno a una normativa local que prohíbe dar de baja a los repartidores que operan en sus plataformas sin entregar un aviso formal de manera previa.
La legislación cuestionada, cuya entrada en vigencia está prevista para el próximo mes de enero, impone como requisito la existencia de una causa justificada, referida a conductas indebidas o infracciones laborales graves, además de la notificación anticipada antes de hacer efectiva cualquier desactivación de una cuenta de conductor.
En su escrito judicial, las demandantes sostienen que este marco normativo infringe las garantías de debido proceso y libertad de expresión consagradas en la Constitución de los Estados Unidos. Asimismo, denuncian que el texto legal impone obligaciones de expresión forzada y contiene un efecto retroactivo que se retrotrae al año 2021.
Como antecedente inmediato, la justicia federal ya había suspendido este mismo año una regulación sustancialmente análoga orientada al sector de transporte de pasajeros impulsada contra Uber y Lyft. En esa resolución previa, el tribunal consideró que las disposiciones interferían en el control de la seguridad interna y la libertad contractual.
Frente a la proximidad de la vigencia de la norma para repartidores de alimentos y encomiendas, las compañías solicitaron una orden judicial provisional que paralice los efectos de la medida mientras se tramita el juicio de fondo, con miras a resguardar la administración de sus plataformas.
Por su parte, los defensores de la normativa sostienen que las desvinculaciones que ejecutan estas aplicaciones suelen ser arbitrarias y carentes de fundamentos transparentes. Desde esta perspectiva gremial, afirman que la falta de estabilidad precariza la seguridad de los trabajadores al someterlos a una constante presión laboral.
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