Corte Suprema de EE.UU. avala tratamientos de afirmación de género para reclusos trans

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la solicitud de urgencia del gobierno de Donald Trump orientada a dejar sin efecto una orden judicial previa. Dicha medida cautelar impedía la aplicación de las directrices de la Oficina Federal de Prisiones que privaban de atención médica de afirmación de género a la población penal transgénero. Los magistrados Clarence Thomas y Samuel Alito manifestaron su voto disidente, inclinándose por acceder a la petición gubernamental.

La determinación del tribunal, de mayoría conservadora, asegura que más de mil internos diagnosticados con disforia de género sigan accediendo a tratamientos hormonales y a medidas de acomodación social. La resolución rige mientras la validez jurídica de la reglamentación penitenciaria continúa tramitándose ante los tribunales de inferior jerarquía.

El conflicto jurídico tiene su origen en una orden ejecutiva dictada en enero de 2025, denominada Defensa de las mujeres frente al extremismo de la ideología de género y restauración de la verdad biológica en el gobierno federal. El mandato presidencial prohibió destinar recursos fiscales a tratamientos médicos orientados a modificar la apariencia física de los reclusos y restringió el acceso a recintos femeninos bajo fundamentos de seguridad, pese a informes que alertan sobre los altos niveles de violencia que sufre la población carcelaria trans.

En cumplimiento de dicho decreto presidencial, la Oficina Federal de Prisiones emitió en febrero de 2026 una disposición interna que canceló el financiamiento estatal para terapias hormonales y alojamientos adaptados. Frente a ello, tres reclusos transgénero promovieron una demanda colectiva ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia con el objetivo de frenar la entrada en vigencia del instructivo penitenciario.

El juez distrital acogió la acción cautelar y dictó una orden prohibitiva, decisión que fue ratificada por el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Columbia al desestimar el recurso de la administración penitenciaria. Ante estos sucesivos reveses en sede ordinaria, la entidad carcelaria acudió de emergencia ante la Corte Suprema para solicitar la paralización del pronunciamiento judicial de primera instancia.

El pronunciamiento del máximo tribunal preserva el régimen vigente durante décadas en materia de prestaciones de salud carcelaria. Los abogados que representan a los demandantes, valoraron el dictamen al considerar que protege garantías constitucionales básicas y previene perjuicios graves e irreparables frente a restricciones de atención médica motivadas por razones de índole política.

Vea texto de la resolución.