Justicia europea valida pago diferido de deudas salariales a jueces en Rumania

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) declaró inadmisibles de forma unánime las demandas interpuestas por cinco magistrados y exmagistrados contra el Estado de Rumania. Los recurrentes reclamaban el incumplimiento total y las sucesivas postergaciones en el pago de indemnizaciones y reajustes salariales reconocidos previamente en sentencias firmes de la justicia interna. Dichos montos compensatorios buscaban reparar diferencias remuneratorias históricas frente a otros sectores de la judicatura, el ministerio público y la función pública general.

El conflicto se originó tras numerosas demandas deducidas entre 2006 y 2009 que reconocieron discriminaciones salariales y ordenaron millonarios desembolsos fiscales. Ante el elevado impacto presupuestario, el poder legislativo y el ejecutivo establecieron leyes sucesivas para pagar las sumas adeudadas en cuotas anuales. Posteriormente, una segunda ola de litigios interpretó la armonización salarial legal a partir de los ingresos más altos fijados por vía judicial, lo que generó un nuevo escenario de reclamaciones económicas masivas.

Frente a la escalada de la deuda estatal, agravada por la pandemia, directrices comunitarias sobre déficit excesivo y cifras negativas equivalentes al 9.3% del producto interno bruto en 2024, las autoridades rumanas aplazaron las cuotas. En este marco, se reprogramaron pagos para el período 2024 a 2028 e incluso se postergó para 2026 la totalidad de los giros pendientes de 2025. Los recurrentes alegaron que estas medidas infringían su derecho de acceso a un tribunal y el respeto a sus bienes.

En su análisis de fondo, el TEDH recordó que la falta de fondos no exime ordinariamente al Estado de honrar deudas judiciales. No obstante, constató la concurrencia de circunstancias excepcionales e imprevisibles derivadas del propio curso jurisprudencial interno, donde los tribunales reconfiguraron el esquema retributivo. El fallo advirtió que la intervención de jueces resolviendo sobre sus propias asignaciones generaba tensiones institucionales frente a las atribuciones presupuestarias de los otros poderes del Estado.

La resolución consideró que el plan gradual de desembolsos no anuló la eficacia del derecho reclamado ni impuso una carga individual desmedida. Para sostener este criterio, la corte subrayó que los ingresos y pensiones de los demandantes superaban con creces el promedio salarial nacional y el de los más altos funcionarios. Por ende, no se encontraban en situación de desamparo ni dependían de esos montos adeudados para garantizar su subsistencia material.

Finalmente, el TEDH reafirmó el principio de subsidiariedad y el amplio margen de apreciación que tienen los gobiernos para equilibrar el interés público con los derechos patrimoniales en tiempos de severa crisis fiscal. Dado que los ajustes legislativos fueron previsibles y no cancelaron definitivamente las deudas, el tribunal desestimó los reclamos por considerarlos manifiestamente infundados y cerró el proceso de manera definitiva.

Vea sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos.