Justicia europea dictamina que bancos deben devolver inmediatamente dinero a clientes víctimas de fraudes digitales

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolvió que las entidades bancarias y proveedores de servicios de pago tienen la obligación ineludible de restituir de forma inmediata el dinero sustraído a través de transferencias no autorizadas, incluso en aquellos casos donde la institución sostenga que la persona afectada incurrió en una negligencia inexcusable al entregar de forma involuntaria sus datos personales y claves de acceso.

El origen del litigio se remonta a un litigio tramitado en Polonia, luego de que la titular de una cuenta bancaria fuera blanco de una maniobra de suplantación de identidad por parte de un tercero interesado en comprar un producto que ella ofrecía en un portal de comercio electrónico, remitiéndole un vínculo fraudulento que imitaba la página web oficial de la entidad financiera para robar sus credenciales privadas.

Una vez ingresados los datos confidenciales en el sitio clonado, el autor del ilícito concretó una transferencia bancaria no consentida por una cifra equivalente a 700 euros hacia su propia cuenta, motivando que la afectada denunciara el hecho ante el banco a la mañana siguiente para exigir el reintegro de los montos, solicitud que la compañía rechazó de plano atribuyéndole un descuido grave al no custodiar sus contraseñas.

Frente a la negativa, la clienta presentó una demanda ante los tribunales polacos, instancia que elevó una cuestión prejudicial al TJUE para precisar si la normativa continental autoriza a un banco a denegar la devolución basándose en la falta de cuidado del usuario, ante lo cual el TJUE respondió de manera categórica que el reembolso inmediato constituye una regla general obligatoria e incondicionada.

El fallo enfatizó que la reposición debe cumplirse a más tardar al finalizar el día hábil posterior a la notificación, rigiendo como única salvedad que el banco posea sospechas razonables de una confabulación fraudulenta cometida por el propio cliente y las reporte formalmente a la autoridad competente, debiendo encauzar cualquier reclamo indemnizatorio contra el usuario mediante una acción legal posterior en la que aporte pruebas contundentes del descuido.

La resolución judicial concluyó que condicionar la restitución del capital a un análisis previo sobre la culpa del titular vaciaría de eficacia la legislación protectora de los consumidores, pues obligaría a las víctimas a costear procesos judiciales complejos para recobrar sumas sustraídas ilícitamente, alterando el equilibrio diseñado por el marco regulatorio común para la seguridad de las transacciones digitales.

Vea sentencia Tribunal de Justicia de la Unión Europea.