Justicia europea rechaza recurso de condenados por crimen de famosa periodista en Malta

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) declaró inadmisible, de manera unánime, la acción presentada por dos hermanos condenados contra el Estado de Malta. Ambos habían recurrido a esta instancia acusando infracciones a su derecho a un juicio justo tras ser sentenciados a 50 años de prisión por el homicidio de la periodista Daphne Caruana Galizia.

Los antecedentes muestran que los imputados enfrentaban cargos penales desde 2019. No obstante, antes de iniciar el juicio ante jurados, su abogado decidió renunciar a la representación. Frente a la falta de un nuevo letrado tras las prórrogas otorgadas, el tribunal penal local asignó de oficio a defensores de asistencia jurídica pública para garantizar el desarrollo del juicio.

Al inicio de la vista oral en octubre de 2022, ambos acusados aceptaron un acuerdo judicial y reconocieron su culpabilidad de forma expresa. Profesionales de la salud confirmaron bajo juramento su plena capacidad y aptitud mental al momento de suscribir dicha aceptación. Pese a ello, concurrieron al TEDH denunciando falta de tiempo para preparar su defensa y obstáculos para elegir a sus abogados.

Al resolver el asunto, el TEDH razonó que la decisión de nombrar defensores de oficio resultó razonable y proporcionada ante la necesidad de dar celeridad a la causa y cautelar los intereses de terceros. El tribunal constató que los hermanos tuvieron margen suficiente para contactar distintos letrados, quienes rechazaron asumir el caso por razones no acreditadas.

Respecto a la preparación del caso, los jueces recordaron que la admisión voluntaria de culpa implicó la renuncia procesal a varios derechos. Agregaron que los imputados ya conocían la totalidad de los hechos y evidencias desde la etapa preliminar con su antiguo abogado particular, por lo que descartaron cualquier situación de coacción atribuible a los plazos o a la asistencia técnica.

Al resolver el conflicto, el tribunal internacional determinó declarar inadmisible el requerimiento por ser manifiestamente infundado, concluyendo que la designación de abogados públicos fue razonable para resguardar la celeridad y a terceros, y que la confesión judicial constituyó una renuncia voluntaria a derechos procesales sin que existieran presiones indebidas.

Vea sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos.