Tribunal Supremo de España ordena indemnizar con 2,5 millones de euros a hombre que estuvo casi 18 años preso por violaciones que no cometió

El Tribunal Supremo de España condenó al Estado a indemnizar con 2,5 millones de euros a un ciudadano marroquí que permaneció cerca de 18 años privado de libertad por delitos de violación que no cometió. El máximo tribunal estableció que, cuando una sentencia de revisión penal demuestra de manera inequívoca la existencia de un error judicial grave, no es necesario exigir una declaración judicial adicional para acceder a una indemnización.

El fallo introduce una importante precisión en la interpretación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que regula la responsabilidad patrimonial del Estado por errores cometidos en el ejercicio de la función jurisdiccional.

El caso se originó en 1991, cuando el ciudadano marroquí fue detenido en Barcelona por su parecido físico con el verdadero autor de varias agresiones sexuales. En 1992 fue condenado a 24 años de prisión por dos violaciones y dos faltas de lesiones, pese a que un análisis de ADN descartaba su participación en los hechos, prueba que no fue valorada por el tribunal. Permaneció casi 18 años privado de libertad, hasta abril de 2009. Otro ciudadano marroquí involucrado en los mismos procedimientos, también inocente, falleció en prisión. Tras años de gestiones para demostrar su inocencia, el Tribunal Supremo español acogió un recurso de revisión y lo absolvió en junio de 2023. Actualmente, tiene 75 años y utiliza una silla de ruedas tras la amputación de una pierna.

Tras ser absuelto, solicitó al Ministerio de Justicia una indemnización de 3,645 millones de euros por su encarcelamiento injusto, petición que fue rechazada por la Administración y posteriormente por la Audiencia Nacional. Esta última consideró que debía obtener previamente una declaración formal de error judicial mediante un procedimiento independiente. Sin embargo, el Tribunal Supremo revocó esa decisión y reconoció su derecho a recibir una indemnización de 2,5 millones de euros, una de las más elevadas concedidas en España por una privación injusta de libertad.

El Tribunal Supremo español estableció que no es necesario iniciar un procedimiento adicional para obtener una declaración formal de error judicial cuando la sentencia que acoge un recurso de revisión penal demuestra inequívocamente que la condena fue producto de un error grave. Precisó que, en estos casos, se entiende cumplida la exigencia de la Ley Orgánica del Poder Judicial, conforme al derecho a la tutela judicial efectiva y a la reparación de los daños causados por la justicia, reconocidos en la Constitución española y en tratados internacionales de derechos humanos.

No obstante, el Tribunal Supremo aclaró que la sola estimación de un recurso de revisión penal no genera automáticamente responsabilidad patrimonial del Estado.

Para que una sentencia de revisión pueda servir como fundamento suficiente de una reclamación indemnizatoria, debe desprenderse de ella la existencia de un error judicial especialmente grave, claro y determinante para la condena.

Con ese propósito, la resolución desarrolla seis criterios destinados a delimitar los supuestos en que puede prescindirse de una declaración judicial adicional de error. Estos criterios pueden sintetizarse en tres condiciones fundamentales.

La primera consiste en que exista una prueba esencial, objetiva y válidamente incorporada al procedimiento penal. La segunda exige que esa prueba haya sido omitida, ignorada o valorada incorrectamente por el tribunal que dictó la condena. La tercera requiere que su consideración adecuada hubiera sido determinante para modificar el resultado del juicio.

En el caso del ciudadano marroquí, el Tribunal Supremo estableció que estas condiciones concurrían de manera clara, pues existía un análisis de ADN que excluía su participación en los delitos, la prueba no fue considerada al dictarse la sentencia condenatoria y su valoración habría conducido a una decisión absolutoria.