Justicia europea valida restringir vuelos y cupos a aerolíneas por topes de pasajeros en aeropuertos

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolvió que el límite anual de pasajeros fijado en los permisos de acondicionamiento de un aeropuerto coordinado debe considerarse al fijar las capacidades operativas para repartir los horarios de despegue y aterrizaje entre las compañías aéreas. La judicatura precisó que estos cálculos técnicos deben reflejar el aforo real y jurídico disponible del terminal.

El asunto surgió tras fijarse en 2007 y 2008, en Irlanda, un tope de 32 millones de personas por año para la ampliación de una terminal aérea internacional. Ante estimaciones que advertían sobrepasar dicho umbral, la autoridad estatal de aviación impuso límites estacionales, medida que fue impugnada judicialmente por la entidad gestora de la terminal y diversas empresas de transporte aéreo.

Al tramitar la controversia, el tribunal superior nacional consultó al TJUE si aquella restricción de pasajeros califica como un condicionante técnico, operativo o ambiental obligatorio. La consulta también buscaba aclarar si la aplicación de dicha restricción habilitaba a recortar turnos ya asignados, incluso perjudicando a transportistas aéreos que contaban con prioridad por utilizarlos regularmente de manera habitual.

El TJUE estableció que los condicionantes vinculantes pueden ser de índole jurídica y que las autorizaciones urbanísticas limitan válidamente la capacidad de funcionamiento del aeropuerto, obligando a su acatamiento por la entidad administradora. En ese sentido, los magistrados determinaron que resulta jurídicamente irrelevante la antigüedad de la regla o que hayan variado las políticas de planificación que le dieron origen.

Asimismo, el tribunal explicó que ignorar esta limitación generaría el riesgo de autorizar vuelos que en la práctica no podrán realizarse. Respecto a las franjas históricas prioritarias, la resolución aclaró que su mantención depende siempre de la capacidad real del recinto y que su no renovación excepcional frente a un tope legal es lícita, descartando que constituyan un derecho de propiedad protegido.

El tribunal superior remitente deberá dictar el fallo definitivo del conflicto local aplicando esta interpretación uniforme del derecho comunitario, la cual también vincula a los demás tribunales nacionales que conozcan controversias idénticas.

Vea sentencia Tribunal de Justicia de la Unión Europea.