Maricarmen, la mujer de 87 años que debió dejar la vivienda que habitó durante 71 años tras litigio por antiguo contrato de alquiler que ha revolucionado a España

La situación cambió cuando la vivienda pasó a manos de una empresa. La nueva propietaria consideró que el antiguo régimen había terminado en 2007 y decidió poner fin a la relación de arrendamiento.

El conflicto llegó entonces a los tribunales. La mujer sostuvo que los años durante los cuales los anteriores propietarios aceptaron los pagos sin exigir la devolución del inmueble debían producir efectos jurídicos.

En primera instancia, un juzgado de Madrid le dio la razón. Consideró especialmente la conducta mantenida durante años por los antiguos propietarios y la apariencia de continuidad de la relación contractual.

La empresa recurrió y el tribunal superior resolvió en sentido contrario. Consideró que recibir los pagos durante años no podía convertir en indefinido un derecho de permanencia que la legislación había limitado temporalmente.

El litigio llegó al Tribunal Supremo, que en marzo de 2026 confirmó la posición de la propietaria. El máximo tribunal español concluyó que los límites establecidos por la legislación no quedaban sin efecto por el hecho de que los anteriores dueños hubieran seguido cobrando la renta. También tuvo en consideración que la discapacidad de la arrendataria era del 50%, inferior al 65% exigido para acceder a la excepción legal.

Con esa sentencia quedó resuelta la controversia judicial y la propietaria pudo continuar con el procedimiento para recuperar la vivienda.

Durante el conflicto la nueva propietaria planteó que para que pudiera permanecer en el inmueble la renta debía ser unos 2.650 euros mensuales que posteriormente redujo a aproximadamente 1.650 euros. Finalmente, la empresa retiró esa alternativa y decidió no mantenerla como arrendataria.

El caso también abrió una discusión sobre las condiciones jurídicas existentes cuando se celebró el contrato original en 1956. En aquella época, las mujeres casadas en España estaban sometidas a restricciones para realizar determinados actos jurídicos sin autorización de sus maridos.

A partir de ese antecedente, algunos juristas cuestionaron que la madre fuera considerada simplemente como una nueva titular del contrato después del fallecimiento de su esposo lo que habría cambiado la condición jurídica de Maricarmen.

El caso plantea así una controversia que va más allá de la recuperación de una vivienda: cómo deben interpretarse actualmente los efectos de un contrato celebrado hace 70 años y hasta qué punto las restricciones jurídicas que afectaban a las mujeres en esa época pueden ser consideradas al resolver sus consecuencias en el presente.