Artículos de Opinión

Apuesta catalana.

Cataluña tiene pendiente decisiones trascendentales en las próximas horas o días. Lo sigue postergando, a pesar que los tiempos se acaban.

Ha apostado por la independencia, proclamando la República, separándose de España y del Rey, pero la ha dejado en suspenso. Postura ambigua, que rápidamente fue puesta a plazo para que el Presidente de la Autonomía la aclare y decida definitivamente. No ha respondido claramente y busca más tiempo. Será de enorme importancia, pues de ella dependerán múltiples consecuencias, tanto para Cataluña, como para España y Europa. No ha sido un proceso improvisado o espontáneo. Sus raíces son profundas y antiguas, pues en  oportunidades, breves, Cataluña ha sido independiente, quedando un sentimiento histórico arraigado en todos los catalanes, que se sienten diferentes y singulares del resto de los españoles. Eso sí, otra cosa es proclamar la ruptura con España hoy, en medio de una Unión Europea, donde todas las fronteras, reales o auto-proclamadas, como serían las de Cataluña, tienden a desdibujarse, de manera legal y práctica. Desataría una cadena contagiosa contra la corriente del mundo y de Europa que se globaliza. Se ha evidenciado en la fuga de empresas e inversiones. Sin embargo, el sentimiento diferenciador no ha mermado, y por el contrario, radicalizado por algunos.
Lo ha decidido el Parlamento Catalán basado en el Referendo del 1 de octubre, cuyo resultado es altamente cuestionable. No se ajustó a la Constitución española ni a la legalidad imperante. Participó sólo una parte de la ciudadanía catalana, los decididos partidarios del independentismo que obtuvieron una abrumadora mayoría. Los del “Si” en la consulta. Pero no son todos, pues más de la mitad no votó, ante la ilegalidad decretada por el Gobierno español, amparada por el Tribunal Constitucional. Fue acompañada de una represión desproporcionada que extremó las posturas y renovó el impulso a la independencia, dividiendo las posiciones internas y del resto del país. Un escenario que ha añadido mayor complicación a la apuesta. Por su parte, el Gobierno español se ha refugiado en la institucionalidad vigente, violada flagrantemente por el proceso catalán, y tampoco decide lo que hará, mientras Cataluña no lo haga. Hay que considerar que la legalidad no hace desaparecer los sentimientos. Resulta evidente que ninguna Constitución Política autorice la propia fragmentación de la integridad territorial de un Estado. Sería extraño que lo contemple.
Sin embargo, según las normas internacionales, cabe distinguir tal posibilidad. Muy utilizada y practicada durante el período de descolonización, que triplicó los Estados Independientes miembros de las Naciones Unidas, impulsado por su Comité de Descolonización. Pero el caso catalán difiere, no es colonia de España ni está sometida ni postergada. Justamente la mayor prosperidad económica comparativa, es una de las razones invocadas para el independentismo, y se aduce como condicionante al desarrollo autonómico, por llevarse España mayores beneficios. Entonces, para que logre operar el principio de la autodeterminación, al no existir colonización, debería fundarse en un proceso legítimo y legal, que a falta de acuerdo entre los interesados, tendría que ser reconocido por la comunidad internacional. Ninguno de estos supuestos existe. España jamás lo reconocerá. Tampoco la Unión Europea, ya lo ha señalado claramente. Y ningún organismo o país lo haría. Cataluña nacería aislada.
En consecuencia, las posiciones permanecen irreconciliables y porfiadamente extremas, sin posibilidades reales, hasta hoy, de un acercamiento positivo. El Gobierno enfatiza que sólo negociará dentro de la ley. Cataluña, no acepta condicionamientos previos, y busca alternativas. El ultimátum gubernamental todavía se mantiene, y corresponde a la “Generalitat” definir. Tampoco hay apertura para una eventual participación de terceros facilitadores. Ni la UE, ni otros países están dispuestos. España no lo aceptaría jamás. Sólo está entreabierta una posibilidad, la que modifique el marco institucional vigente, y se inicien conversaciones entre el Gobierno y los partidos políticos que, sin aceptar la independencia, podrían  aceptarla para destrabar la crisis. Si así fuere, la apuesta Catalana dejaría de ser ilegal. O bien, si nada prospera, podría aplicarse todo el rigor constitucional, reduciendo, suspendiendo o eliminando las capacidades decisorias de la autonomía catalana. Lo sabremos muy pronto. (Santiago, 16 octubre 2017)

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