Cobranza extrajudicial de créditos
Cobranza extrajudicial a través de llamados telefónicos: criterios en la jurisprudencia del Recurso de Protección
Sin perjuicio de encontrarse reconocida la posibilidad de que las entidades crediticias procedan a la cobranza extrajudicial de sus créditos, ya sea por si mismas o por terceros contratados por ellas, no puede procederse a un ejercicio abusivo de la misma.

Hoy en día existen distintos mecanismos a través de los cuáles se puede llevar a cabo la cobranza de créditos, pudiendo esta ser judicial o extrajudicial, ya sea que se realice por las mismas entidades crediticias acreedoras o por terceros contratados por estos últimos para efectuarla (v.gr empresas de cobranza). Uno de los mecanismos de cobranza extrajudicial son las llamadas telefónicas, que son realizadas con el objetivo de poner en conocimiento del deudor sobre la existencia de la deuda, recordar la existencia de la misma o instar a pagarla.
Sin perjuicio de encontrarse reconocida la posibilidad de que las entidades crediticias procedan a la cobranza extrajudicial de sus créditos, ya sea por si mismas o por terceros contratados por ellas, no puede procederse a un ejercicio abusivo de la misma. Es por lo anterior que resulta útil acudir al estudio de la jurisprudencia de los tribunales de justicia del país, que han debido conocer Recursos de Protección (en adelante “RDP”) relacionados con cobranza extrajudicial de créditos por medio de llamadas telefónicas. De esta manera, conviene tener presente los criterios que se han adoptado para aceptar la cobranza extrajudicial a través de llamadas telefónicas, para rechazarlas, los derechos que se pueden ver afectados por su ejercicio y las medidas que se han adoptado en caso de haberse efectuado de manera abusiva.
Se ha aceptado la procedencia de la cobranza extrajudicial a través de llamadas telefónicas para poner en conocimiento al deudor de la existencia de la deuda impaga, bastando para esto con una de dichas llamadas (Causa Rol Nº 11/2015, Corte de Apelaciones de Punta Arenas, considerando décimo quinto), debiendo posteriormente recurrirse a los procedimientos ordinarios de cobranza judicial, pudiendo el deudor deducir todas las oposiciones que pueda legítimamente realizar en el procedimiento respectivo (Causa Rol Nº 81.003/2016, Corte de Apelaciones de Santiago, considerando octavo).
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