Conflictos de interés en
Compliance, probidad y asociaciones de funcionarios.
Trataremos de desmitificar algunas concepciones que las/os directivas de estos grupos puede tener, en aras de una presunta inamovilidad o bien de una concepción absoluta de la libertad organizativa o sindical, parecen ser un nudo gordiano, pero que vistas normativamente, no son tales.

Hemos planteado algunas someras reflexiones sobre el compliance en el ámbito público tanto en este Diario Constitucional como en otros medios, tratando de convertirla en un instrumento fáctico y real que posibilite principios constitucionales del derecho administrativo, como la juridicidad y la probidad.
En ese propósito queremos conectar con un tema de relevancia para la función pública, la relación entre elcompliance y los representantes de las Asociaciones de funcionarios.
Estimamos que el asunto propuesto es relevante merced a la publicación y entrada en vigencia, entre otros cuerpos legales, por la Ley 21.592, de 2023, que crea un “Estatuto de protección del denunciante”, la Ley 21.595, de igual anualidad, sobre delitos económicos, y la Ley 21.643, de 2024, que “Modifica el código del trabajo y otros cuerpos legales, en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo”, materias que han sido parte de distintas publicaciones académicas que reconocemos. Empero, hay áreas que no han sido del todo vistas o sometidas a reflexión.
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