Caso Fujimori: La Corte IDH y el Tribunal Constitucional.

El pasado 07 de abril la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante: Corte) emitió la resolución sobre la solicitud de medidas provisionales y supervisión de cumplimiento de sentencias en el marco del Caso Barrios Altos y Caso La Cantuta vs. Perú, disponiendo que el Estado del Perú debe abstenerse de implementar la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional (en adelante: TC) del Perú el 17 de marzo de 2022, que restituye los efectos al indulto “por razones humanitarias” concedido a Alberto Fujimori el 24 de diciembre de 2017, debido a que no cumplió con las condiciones determinadas en la Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencias de 30 de mayo de 2018.

Al respecto, por la trascendencia constitucional y política que trae consigo este caso consideramos oportuno dar a conocer las razones por las que la Corte determinó -en la práctica- la no liberación de Alberto Fujimori quien deberá seguir recluido en el establecimiento del penal de Barbadillo, ubicado en el interior de la DIROES (Dirección de Operaciones Especiales) en el distrito de Ate.

Primero: la Corte señala que la decisión del TC no analizó la compatibilidad del indulto “por razones humanitarias” concedido a favor de Alberto Fujimori con base en los estándares establecidos en la Resolución de la propia Corte de 30 de mayo de 2018. Asimismo, la Corte recuerda que Alberto Fujimori fue condenado por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves en perjuicio de las víctimas de los casos Barrios Altosy La Cantuta, y que los mismos fueron calificados como “crímenes contra la humanidad”, según el Derecho Internacional Penal. Por tanto, para la Corte, el TC debió analizar, en el marco del proceso de hábeas corpus, la procedencia o no del indulto teniendo en cuenta la naturaleza de los delitos por los que fue condenado Alberto Fujimori, situación que no fue observada en la sentencia del TC de 17 de marzo de 2022[1].