La estructura del Poder Legislativo en la nueva Constitución.

Dentro de las diversas materias que se deberán considerar en el marco del actual proceso de redacción de una nueva Constitución para nuestro país, se encuentra la forma o estructura del poder legislativo, que comprende principalmente dos opciones: mantener su bicameralismo o adoptar un sistema unicameral. Si se revisan algunos de los argumentos o ventajas que se predican respecto al unicameralismo (como la celeridad o los menores costos), a poco andar es posible advertir la debilidad de los mismos, como también el hecho de que no tienden a reafirmar suscualidades propias, sino a realzar los defectos del otrosistema. En efecto, es poco riguroso afirmar o asumir de antemano, que las virtudes del sistema unicameral, (i) se manifiesten siempre en los países cuyos parlamentos tienen sólo una cámara, y (ii) que los sistemas bicamerales no las tengan. Ello se debe a que, en la práctica, la realidad política y el funcionamiento de los poderes legislativos es compleja, variando sus virtudes y defectos según cada país, y existiendo celeridad o lentitud legislativa tanto en los sistemas unicamerales, como en los bicamerales. Así, por ejemplo, ¿podría alguien afirmar que países como Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos o España tienen una tramitación legislativa deficiente desde el punto de vista de la celeridad, por ser bicamerales? Aquella sería una aseveración audaz, sin duda.

Son otros elementos, y no sólo la estructura, los que influyen de forma más directa en la operatividad del órgano legislativo: la forma de Estado, el sistema de gobierno, el sistema electoral, la estructura de partidos políticos, los quórums, la iniciativa de ley y las urgencias, el poder de veto, la cultura, la historia, entre otros. Cuando se habla de celeridad legislativa, entonces, como argumento para defender al unicameralismo, la primera cuestión que surge es si puede establecerse una regla predictiva o relación directa entre dicho sistema y la mayor rapidez en la tramitación de una ley. Para dar por cierta esa afirmación, habría que demostrar que siempre -o al menos, en la mayoría de los casos-, un sistema unicameral es más rápido que uno bicameral en la formación de la ley, lo que, como ya se anunció, en la práctica no ocurre, porque los resultados son siempre relativos; la celeridad legislativa dependerá de cada país, independientemente de la estructura de su parlamento. En los hechos, para cada nación o Estado existe una experiencia propia y distinta, en base a los elementos mencionados más arriba: su sistema de gobierno, su sistema de partidos, los quórums, las urgencias, los vetos, etc.; de lo contrario, si la relación entre unicameralismo y celeridad legislativa fuese automática o absoluta, como una fórmula mágica, simplemente no existiría el bicameralismo en países altamente desarrollados o políticamente maduros.

La segunda cuestión consiste en preguntarse, entonces, si la celeridad legislativa es uno de los elementos centrales en la determinación de la cantidad de cámaras que debe tener un parlamento, y la respuesta es que no, porque antes de responder a la velocidad de la tramitación de los proyectos de ley, la estructura del poder legislativo responde a los elementos que configuran el sistema político al que pertenece. No es la celeridad lo que concibe el proceso de formación de la ley, o dicho de otra forma, la celeridad no es una causa de ese proceso, sino su efecto; un proceso legislativo determinado será o no expedito según sus resultados, pero no según sus supuestos. En consecuencia, no sólo puede concluirse que no existe una relación directa o absoluta entre la celeridad legislativa y el unicameralismo, sino que incluso la celeridad está lejos de ser un elemento determinante en la estructura misma de un parlamento, sea éste bicameral o unicameral. Este último punto cobra sentido, además, porque los poderes del Estado no se estructuran en base a la velocidad, sino a consideraciones orgánicas más complejas; piénsese en la existencia de instancias en el poder judicial, o en los distintos niveles administrativos del poder ejecutivo, aspectos a los que el parlamento, en cuanto poder del Estado, no puede estar ajeno.