Límites a la negociación colectiva del sector particular subvencionado de la educación en el marco de la carrera docente y del destino de la subvención estatal

La organización sindical y la negociación colectiva han sido instrumentos jurídicos que, históricamente, han permitido el mejoramiento de las condiciones laborales de los y las trabajadoras. Tal es su relevancia y esencialidad, que forman parte de las garantías fundamentales que todo Estado de Derecho debe reconocer y proteger. Por tal motivo, los límites observables han sido escasos y expresos. Uno de estos límites es, por ejemplo, aquel contenido en el artículo 304 del Código del Trabajo, particularmente el inciso tercero y cuarto, que disponen un límite a la negociación colectiva para aquellas empresas que, en cualquiera de los dos últimos años, hayan sido financiadas en más de 50% por el Estado. Sin embargo, el mismo artículo establece una contra excepción: los establecimientos educacionales particulares subvencionados y los establecimientos administrados de conformidad al Decreto Ley 3.166. En ambos casos, los trabajadores podrán negociar colectivamente sin importar el tipo de financiamiento de su empleador. Este derecho es homologado, además, en el artículo 88 del Estatuto Docente.

Bajo esta premisa, la facultad de negociar colectivamente ha sido la regla general en los colegios particulares subvencionados, permitiendo el mejoramiento de las condiciones laborales de los docentes que se desempeñan en dicho sector.

En este mismo sentido se promulga la Ley 20.903, que crea el sistema de desarrollo profesional docente, conocida, comúnmente, como carrera docente. En virtud de esta Ley, los profesionales de la educación que presten servicios en colegios particulares subvencionados comenzarán a gozar de los mismos beneficios remuneracionales que los docentes del sector público, ya que el legislador incorporó a los docentes del sector particular subvencionado al macrosistema de carrera docente. Legalizando gran parte de los aspectos de la trayectoria profesional de los educadores, especialmente sus remuneraciones. Ahora bien, no se otorgan todos los beneficios contemplados para el sector público, así, se excluyó la asignación de experiencia y la asignación de responsabilidad directiva y técnico pedagógica; diferencias que requieren discusión aparte.