Parte 2. Notas al Proyecto Contenido en el Boletín Nro. 13.752-07, que propone el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción de catástrofe por calamidad pública, en especial, relativo al procedimiento ante los Juzgados de Policía Local

Tal como indicábamos, en el artículo anterior, el artículo 7 de la Ley N° 18.287 sufrirá cambios directos, y del contenido del proyecto, también podemos visualizar incidencias indirectas, a partir de las modificaciones introducidas al Código de Procedimiento Civil, respecto del cual formulamos algunas ideas que permitan operativizar, en sede local, dichas modificaciones, de las cuales podemos destacar;

a. La eliminación de testigos inhábiles. Sin citar el contenido del proyecto, que dispone la eliminación de las causales de inhabilidad de los testigos, que contempla el Código de Procedimiento Civil, en sus artículos 357 y 358, consideramos que se ajusta plenamente a los fines del procedimiento, en sede de policía local, pues el anacrónico instituto de las tachas no se aviene con un sistema de libertad probatoria y tasación judicial conforme a la sana crítica, que establece la LPJPL y el sinnúmero de leyes especiales que contemplan normas procedimentales, pese a la opinión de un sector de la jurisprudencia que admite su utilización, por la aplicación supletoria del Código de Procedimiento Civil, aunque estimamos que debe ser aplicado con reservas, atendido lo anacrónico de algunas de sus disposiciones que, en definitiva, no resultan compatibles con el procedimiento en sede local, tal como lo proponemos en la letra g).

Lo cierto es que, finalmente, su aplicación termina siendo contraria a los fines del procedimiento, y en ello coincidimos con los fundamentos del proyecto, al sostener que: “se establece que la prueba de testigos será apreciada por el juez conforme a las reglas de la sana crítica. De esta manera, el tribunal podrá ponderar la prueba testimonial con libertad siempre que no contradiga los criterios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Con todo, se establece la posibilidad de que las partes puedan dirigir preguntas al testigo tendientes a demostrar su credibilidad o, falta de ella, la existencia de vínculos con alguno de los partes que afectaren o pudieren afectar su imparcialidad, o algún otro defecto de idoneidad”; lo que sin lugar a dudas permite la clara distinción entre un sistema de prueba legal y un sistema de libre aportación, y un sistema de tasación legal y un sistema de tasación judicial (cualquiera que sea su variante), introduciendo, en forma definitiva, un sistema de verdadera contradictoriedad, en el cual el testigo será valorado por lo que dice, no coartando su posibilidad de declarar, para ponderar su testimonio, luego de un examen y contraexamen por las partes, es decir, permite una adecuada y normal convivencia entre libertad de aportación y la sana crítica, sin más limites que los de la ponderación judicial y sus reglas, porque, tal como lo dice Nieva: “Es verdaderamente sorprendente que hayan quedado restos del sistema de prueba legal, que solamente puede explicar un conservadurismo bastante frecuente en materia jurídica, al buscar el jurista la prudencia en beneficio de la seguridad jurídica, lo que lleva a rechazar cambios demasiado repentinos”[1], y nosotros agregamos demasiado modernos, que sin lugar a dudas se avienen con la tipología del procedimiento en sede de policía local (los modernos).