Responsabilidad por contagio COVID-19

La pandemia por el COVID-19 fue identificada por primera vez el 1 de diciembre de 2019, en la provincia China de Wuhan, en China central. Ya, a 3 meses después de su aparición en la región asiática, el primer caso en Chile surgió el 3 de marzo. A la fecha en nuestro país, existen cerca de 7.000 infectados, y casi una centena de muertes; siendo el panorama internacional igual de desalentador, existiendo a la fecha alrededor de cien mil muertes.

La pandemia del COVID-19, se ha expandido a un presuroso ritmo por todos los países. En la generalidad de los casos, el coronavirus se transmite de una persona a otra por vía de las pequeñas gotas (conocidas como microgotas de Flügge) que se emiten al hablar, estornudar, toser o respirar.

A propósito de lo dicho, y a falta de alguna vacuna contra la enfermedad, respecto de las cuales sí existen prototipos, han sido los Estados quienes han emprendido medidas sanitarias para proteger a la población y evitar así la propagación y muerte por COVID-19. Estas medidas, y todo ello a razón de la facilidad de contagio, han llegado al extremo de confinar a la población en cuarentenas sanitarias, para evitar o disminuir así el potencial contacto y contagio del patógeno. Obviamente las medidas gubernamentales, no se han agotado en el confinamiento ciudadano, sino que “por la ley y a través de la ley”, como rezaba el antiguo refrán de crítica al positivismo jurídico y su exacerbado formalismo normativo y legalismo, se han tutelado ciertos bienes jurídicos, afectados por el estado de emergencia sanitaria: medidas laborales, medidas de auxilio económico, solo por nombrar algunas.