Rodrigo Moretti

La Propiedad Industrial y su propósito es el de otorgar al titular el derecho, el uso exclusivo del producto de su intelecto y plasmado en la obra, el descubrimiento o la innovación, etc., y así obtener los beneficios del mismo, como dueño.

La propiedad definida en el artículo 582 del Código Civil, y los derechos que de ella derivan, por su abstracción y elasticidad (derechos reales limitados de goce y garantía), es una situación subjetiva que, sin medios que la defiendan y proteja, afectarían su adjetivo y justificación dentro del sistema jurídico. Lo mismo ocurre con la posesión y su protección, que no es una figura espaciada del derecho de propiedad, sobre todo en materia de acciones protectoras, pues ésta según Aldo Topasio, no es un simple hecho ni un acto, sino acción del sujeto.

En nuestro derecho, el artículo 98 del Código Civil define a los esponsales, señalando que "Los esponsales o desposorio, o sea la promesa de matrimonio mutuamente aceptada, es un hecho privado, que las leyes someten enteramente al honor y conciencia del individuo, y que no produce obligación alguna ante la ley civil.

El no ser oído el jactancioso, como efecto de la condena de jactancia, es lisa y llanamente la pérdida de su derecho de acción o de comparecer a Tribunales a fin de obtener un pronunciamiento de fondo en un procedimiento racional y justo (artículo 19 número 3 de la Constitución Política), por el derecho que señaló pertenecerle y que no estaba disfrutando.

En su resolución, la Magistratura Constitucional sostuvo que el requerimiento no cumple con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 84 de la LOCTC.

La Corte Suprema declaró admisible el recurso.

La ley consagra que estas disposiciones aplicarán a las empresas privadas con capitales iguales o superiores a 1.500 salarios mínimos o aquellas con capitales inferiores a 1.500 salarios mínimos con más de 50 empleadas.

La Corte de Puerto Montt indicó que, el actuar del recurrido no puede calificarse como el ejercicio legítimo de un derecho.

La Comisión Europea debe presentar un plan de acción para ayudar al sector turístico a superar la crisis.

Sentencia señaló que no se reúnen los indicios necesarios para dar por acreditada la existencia de episodios de acoso laboral denunciados

El máximo Tribunal dejó sin efecto la resolución que dispuso la paralización de las obras de construcción del estanque de acumulación de aguas, ordenando la indemnización de los perjuicios producidos por dicha resolución.

Conforme a la creación de aplicaciones móviles de rastreo de contactos y envío de advertencias para la población.

Agrícola Alma solicita al Tribunal acoja la reclamación y anule la resolución que resolvió rechazar la invalidación, "por no estar conforme a Derecho", ordenando a la Comisión de Evaluación de Valparaíso acoger la solicitud de invalidación de la RCA que aprobó el proyecto.

La denuncia la realizó el Hospital donde se encontraba internado.

Los recurrentes estimaron que se vulneró sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 2, 15 y 24.

Las empresas de almacenamiento de productos de terceros, no cometen infracción al derecho de marca por el solo almacenamiento.

Pese a la penalidad asociada a la norma, y la descripción de la conducta que reprocha, este tipo penal, como ocurre en la mayoría de los delitos, para que se configure, requiere de dolo como elemento de imputación, esto es el "conocimiento y voluntad de realizar el tipo objetivo de la descripción de la norma" que como señala el artículo 316 del Código Penal sería "diseminar gérmenes patógenos con el propósito de producir una enfermedad".

A la fecha, informa la Defensoría, llevan un total de 1.186 audiencias en las que, basándose en la protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, han pedido la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva o internación provisoria por arresto domiciliario.

La sentencia, la transacción o avenimiento aprobado judicialmente tienen mérito ejecutivo. El artículo 12 de la Ley número 14.908 establece un procedimiento sumarísimo de ejecución forzada, en el que sólo es admisible la excepción de pago.

Se ha detectado que los mecanismos mediante los cuales los notarios examinan la plena capacidad del adulto mayor para enajenar el inmueble son insuficientes, por lo cual se propone que mediante una breve audiencia el juez civil competente realice dicho examen directamente.