Violencia de género y suicidio
Suicidio femicida: un desafío a la causalidad
El presente artículo analiza las dificultades dogmáticas que plantea la figura del suicidio femicida, introducida por la Ley N.º 21.523, en el Código Penal chileno. A partir del primer fallo condenatorio, dictado el Juzgado de Garantía de Copiapó, se examinan los desafíos que esta nueva tipificación penal presenta en materia de tipicidad objetiva, causalidad, imputación subjetiva, autonomía de la víctima y principio de legalidad. Se discute si la figura responde a una estructura preterintencional, una forma atípica de inducción o una omisión con deber de garante, advirtiéndose los riesgos de u
A casi tres años de la entrada en vigencia de la Ley N.º 21.523, conocida como “Ley Antonia”, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de delitos sexuales y evitar su revictimización, se ha dictado en Copiapó la primera sentencia condenatoria que aplica la figura del suicidio femicida.
La norma encuentra su origen en el caso de Antonia Barra, joven de 21 años, cuyo suicidio generó una amplia discusión social y legislativa. El imputado en dicho caso, Martín Pradenas Dürr, fue condenado en julio de 2023 a 17 años de presidio por delitos reiterados de abuso sexual y violación, tanto respecto de víctimas mayores como menores de 14 años.
La sentencia fue dictada, tras el desarrollo de una extensa investigación, por el juzgado de garantía de Copiapó. En la causa participó la Unidad Especializada en Género de la Fiscalía Nacional junto con la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones y la instrucción fue liderada por la fiscalía de Atacama, logrando, en definitiva, el veredicto condenatorio que, acreditados los hechos, estableció la existencia de una relación de causalidad entre la “acción sistemática de violencia de género” ejercida contra la víctima y el resultado fatal[1].
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